El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aseguró que, para su criterio, el decreto que permitía la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) no es ilegal y agregó que todo se trató de un "error de redacción", informó AmeliaRueda.com.
El mandatario reconoció que él mismo fue el que instruyó la creación del decreto, aunque no tuvo injerencia en el desarrollo de su contenido. "Yo instruí que se trabajara un decreto que diera permanencia al equipo de análisis de datos. Como Presidente, di los términos generales para que se elaborara un decreto para darle permanencia en el tiempo a la iniciativa. Que la pudieran usar futuras administraciones", dijo Alvarado al agregar que no le correspondió la preparación del documento y solo puso su firma.
"Cuando firmé el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos lo hice plenamente convencido de su legalidad y de que se había cumplido con todos los trámites necesarios para emitir el decreto. Sin embargo, con posterioridad, se detectó que el decreto contenía un error de redacción el cuál leído en forma aislada y fuera de contexto del propio artículo 7 y del resto del decreto, permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, por lo que de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo", dijo.
La polémica se desató por el artículo 7, el cual indicaba que "las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos' incluida 'la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas'.
Para la prensa que reveló el decreto y la oposición, la intención del Ejecutivo era espiar a la ciudadanía, una acusación que Alvarado rechazó. Y aunque en medio de la ola de críticas el jefe de Estado derogó el decreto, ahora se le investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato tras firmar la mencionada orden. Alvarado desconoció si el decreto fue analizado en el departamento de "Leyes y Decretos" de Casa Presidencial y no recordó el momento en el que firmó el documento.
"No recuerdo la firma o el momento en que firmé esa pieza", respondió el mandatario ante la consulta de la diputada Ana Lucía Delgado, sobre si firmó de último el decreto para creación de UPAD.
El presidente dijo que cuando llega a su despacho un decreto para ser firmado, él solo se cerciora de que ya se tenga la firma de los jerarcas de otros ministerios que están involucrados en el documento, aunque en este caso no recuerda haber sido -o no- el último en firmar.
Alvarado considera su comparecencia un "grave precedente", la oposición exige 'respuestas'
La controversia de este caso también gira en torno al hecho de que el jefe de Estado deba declarar ante el Congreso, pues la Constitución no establece un mecanismo que dictamine que el mandatario pueda ser requerido por el Legislativo. Sin embargo, las comisiones legislativas, que suelen ser integradas por siete diputados, sí pueden citarlo por un asunto específico.Después de varias discusiones entre los legisladores, el pasado 3 de febrero se aprobó la moción para utilizar el Plenario del Congreso para la comparecencia y no una sala en la que usualmente se llevan a cabo esas sesiones.
Esta es la primera vez en que un presidente es llamado a declarar ante el Congreso y la segunda en que un mandatario es citado por una Comisión Legislativa. Después de rehusarse a la forma en que se llevará a cabo la comparecencia, el jefe de Estado confirmó su asistencia, pero dijo que es un proceso inconstitucional.
"Mi asistencia al plenario no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave precedente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense", aseguró el presidente mediante un comunicado la semana pasada.
Análisis de datos
Durante su explicación inicial, en la comparecencia frente a la Comisión que investiga la creación de la UPAD, el presidente de la República defendió su intención de crear la Unidad para trabajar políticas públicas basadas en datos"Viéndolos a los ojos, les puedo asegurar que ni uno solo de los 5 millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se desarrollaron, viéndolos a los ojos les aseguro que ningún alcance de la iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero", dijo.
Agregó Alvarado en su intervención inicial que "nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado", manifestó.
