No por ser uno de los países más seguros en Latinoamérica hacen que Costa Rica deje de invertir en seguridad, año con año, y, precisamente, el próximo 2017 podría encontrarse en serios aprietos para ello.
La viceministra administrativa de Seguridad Pública de Costa Rica, Bernardita Marín, reconoció que el presupuesto de ese rubro para 2017 será recortado en comparación a lo destinado este mismo año e incluso será inferior a lo asignado hace casi tres, en 2014.
Sin embargo, se espera que un impuesto especial para financiar la seguridad, que se encuentra en análisis en el Congreso pueda ser aprobado pronto y pueda entrar en tiempo al ejercicio 2017, lo cual reforzaría muchos proyectos que se verían frustrados con el presupuesto ordinario reducido.
"Hemos enviado el anteproyecto de presupuesto 2017 y en ese estamos recortados en relación al 2016 y el monto preliminar del presupuesto 2017 es incluso inferior al del 2014 y por supuesto que el efecto es significativo, pues conversando extraoficialmente con los colegas del Ministerio de Hacienda (Finanzas) son conscientes que a Seguridad Pública no se le puede rebajar y son conscientes de la situación que a todos nos preocupa como la seguridad y que el Gobierno no podría verse expuesto a eso", dijo la funcionaria.
Marín confirmó que el presupuesto para el siguiente año será de 212.000 millones de colones, aproximadamente US$387,3 millones.
Reconoció, sin embargo, "que hay conciencia sobre las necesidades de Seguridad en el Congreso, ellos mismos (los diputados) reciben las solicitudes de las comunidades de más patrullas, de más policías, más infraestructura".
Mientras, Seguridad no ha parado de realizar inversiones en el rubro, pero por otras vías este año y no con sus propios recursos, en la gran mayoría de los casos.
"Llevamos varios procesos, está el tema de construcción de delegaciones, que estamos construyendo 11 con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya la primera está inaugurada, dos que están terminadas solo esperando por detallitos que es Pérez Zeledón y Alajuela (esta última es la provincia cercana a la capital San José donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)", detalló Marín.
Marín declaró que aún tratan desde Seguridad en tener un margen de maniobra en inversiones. "Estamos tratando de ver cómo le hacemos. Pues tenemos el crédito con el BID que se le ha dado todo el impulso, estamos con toda la maquinaria puesta, en obras construidas, en proceso, ese crédito va para adelante, más bien nos hizo falta plata (dinero) para continuar construyendo, pero además tenemos otras delegaciones que estamos reparando con recursos propios: San Diego de Tres Ríos, Paso Canoas (frontera con Panamá), etc.; también estamos construyendo o reparando por medio de la cooperación y hasta a personas privadas les estamos pasando el sombrero", expresó.
La otra fuente de financiación es el impuesto a sociedades, que aún espera por ser aprobado en el Congreso, tras una resolución constitucional de la Corte Suprema que estableció que se impusiera de forma escalonada a cada sociedad empresarial, según su tamaño e ingresos, lo cual retrasó el proceso de aprobación de ley.
Según calculó Marín, se recaudaría en 2017, si todo saliera aprobado en tiempo desde el Legislativo, un total de 40.000 millones de colones, alrededor de US$73 millones.
"Los 40.000 millones es el 100% del impuesto, pero que en el proyecto de ley se destina al Ministerio de Seguridad un 90%, que serian alrededor de 36.000 millones de colones (unos US$65,7 millones) y el resto va destinado para otras entidades, como Registro Nacional y me parece que a la Cruz Roja", precisó la viceministra.
Agregó que de haber continuado el proyecto como venía "hubiéramos recibido ya para este año los 40.000 millones de colones, pues desde el año pasado se había declarado inconstitucional la ley, se corrigió y al final eran defectos de forma, pero también la Sala de lo Constitucional, en su fallo, ordenó que el impuesto fuera escalonado según los ingresos de cada sociedad, que fuera más democrático".
Marín aún se mostraba optimista en agosto pasado, en el sentido que los diputados aprueben el impuesto para este año, pero también dependerá de la fecha en que se apruebe entrará o no al presupuesto ordinario, porque la Asamblea tiene un plazo para aprobarlo y si no se ve aprobado antes que finalice ese plazo tendría que ingresarse el otro año, mediante un presupuesto extraordinario.
"Un trámite que no es sencillo, porque es modificar una ley de la República, por lo que el mejor de los escenarios sería que se apruebe antes del plazo para que entre en el presupuesto ordinario y así comenzar a ejecutarlo, si fuera necesario, desde enero", finalizó.
