Treinta días más de régimen de excepción. A petición del órgano Ejecutivo, la Asamblea oficialista aprobó ayer con 67 votos que durante un mes más se mantenga la suspensión de cuatro garantías constitucionales a los salvadoreños, con la idea que esto permite que la lucha del gobierno contra las pandillas sea más efectiva.
Así, pese a los señalamientos de posibles detenciones arbitrarias, violación a derechos humanos y abuso de poder de parte de autoridades de seguridad, tanto a nivel doméstico como de organizaciones internacionales, el oficialismo las desacreditó y mantuvo la suspensión de cuatro garantías constitucionales: la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
Inclusive, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro -quien presentó la iniciativa junto al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; y al ministro de Defensa, René Merino Monroy- advirtió que las medidas continuarán durante el tiempo que sea necesario.
El régimen fue aprobado durante el último fin de semana de marzo, cuando se registraron 87 homicidios en tres días.
Si bien la Constitución establece que para prorrogar este se deben mantener las condiciones que provocaron su utilización— el Gobierno ha anunciado tener varios días sin homicidios en las últimas semanas—, Villatoro consideró que aún hay motivos para mantener vigente por un periodo más de tiempo el régimen.
“Necesitamos más tiempo para seguir erradicando este cáncer de todas las comunidades de nuestro país”, apuntó el ministro, quien cifró en más de 35,000 los detenidos, de los cuales 26,000 ya guardan prisión provisional.
En ese punto, abogados han cuestionado que los jueces no atiendan presentación de arraigos, constancias de trabajo, o de antecedentes penales; por lo que, en audiencias masivas, decretan detención provisional para todas las personas, sin individualizar cada caso. Sin embargo, el ministro no abordó este punto.
En lugar de eso, Villatoro cuestionó y atacó a quienes han señalado las posibles arbitrariedades del régimen. “Encontramos que esta guerra en contra de las pandillas es una guerra de los tres órganos del Estado. Hay voces disonantes que cuestionan y que quieren hacer cuentos sobre los derechos humanos, pero no de las víctimas”, apuntó.
“Todas estas voces disonantes no van a hacer cambiar nuestra estrategia. Si les molesta que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial empaticen con las necesidades de la gente, entonces definan qué es democracia, porque la vamos a seguir ejerciendo”, agregó Villatoro, quien puntualizó que quienes se oponen al régimen pueden recurrir a la Sala de lo Constitucional (impuesta por Nuevas Ideas hace un año): “Si tienen alguna incomodidad por la prórroga, están los canales con la Sala de lo Constitucional”.
Al mismo discurso se sumaron Arriaza y Merino Monroy. El primero, para asegurar que la institución que dirige, y con apoyo de la Fuerza Armadas (FAES) realiza capturas apegadas a derechos humanos. Y el segundo, para indicar que el referente de El Salvador en tema de seguridad es Costa Rica, y que ahora el país es más seguro que su par tico, en el que el ejército fue abolido en 1948.
Luego, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), también acompañó y apoyó la medida. Más que argumentos, mantuvo el tono de ataques hacia quienes piden corregir y justificar mejor porque el régimen debe seguir si el alza de homicidios que lo motivó originalmente ya fue controlada.
“Siempre hay voces disonantes, que quieren que el país sea lo que era antes. Nos vamos a mantener pese a lo que digan los poderes fácticos. No nos vamos a detener, sin importar lo que sigan diciendo”, señaló Castro.
Reformas para FGR
Asimismo, como parte de las iniciativas presentadas ayer, y aunque esa no la presentaron públicamente, el GOES también pidió una prórroga para el régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios en el marco del régimen de excepción.
Este fue aprobado junto con la primera prórroga del régimen, el 24 de abril pasado, y facultó al órgano ejecutivo a no aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y contemplaba su duración mientras estuviera vigente el régimen.
En la iniciativa presentada ayer, el órgano ejecutivo pidió reformar el artículo 1 de dicho decreto, para que también la Fiscalía General de la República (FGR) pueda evadir el uso de la LACAP.
