"Fuera los dinosaurios de la política, Guatemala necesita nuevas caras"; "No al antejucio, no mas ladrones en este país"; "Cárcel a los políticos corruptos"; "Estamos hartos", fueron algunos carteles de los indignados, que este sábado retornaron a la plaza, después de que en 2015, con más de 20 masivas protestas, empujaron la renuncia del gobierno hoy enjuiciado.
También hubo rechazo al monopolio de televisión propiedad del empresario mexicano ángel González, que según Cicig financió a través de empresas de cartón al Partido Patriota, y contra su representante en Guatemala, el diputado Luis Rabbé, que enfrenta una investigación por plazas fantasma en el Congreso, junto con otros legisladores. Los manifestantes demandaron depurar el legislativo y la renuncia de diputados que enfrentan proceso de antejuicio.
Convocada por el movimiento "Justicia ya", la protesta se propuso demandar la nulidad de las concesiones al grupo de la televisión abierta, el regreso de los millones robados por funcionarios del Partido Patriota y el fin de las redes criminales que mantienen capturado al Estado. "Más de 20 años de impunidad. No es casualidad, es el sistema", sostuvo la organización.
El sábado por la noche, en su cuenta de twitter, el comisionado de Cicig Iván Velásquez respaldó el reinicio de las protestas con un tweet: " La plaza, esa entusiasta reunión de la esperanza, construcción de democracia!".
La Plaza, esa entusiasta reunión de la esperanza, construcción de democracia! pic.twitter.com/qGoWZr46NQ
- Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) 11 de junio de 2016
Un comunicado hecho público días antes de la protesta y firmado por instituciones pro-justicia, demandó como respuesta al caso "Cooptación del Estado" la intervención de las empresas Radiotelevisión Guatemala y Televisiete (canales 3 y 7) señaladas por Cicig; la ejecución de todas las órdenes de captura pendientes, incluyendo las de los presidentes de Banco G&T y Banrural y la revisión de los contratos de usufructo de las frecuencias televisivas y contratos anómalos con constructoras, aseguradoras y otras empresas señaladas en las investigaciones.
Propuso además una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para democratizar a los partidos, transparentar su financiamiento y abrir los listados de elección de diputados, así como reformas para lograr una verdadera independencia judicial.
