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Por revistaeyn /Agencias
El detonante fue la ejecución de un fallo inapelable de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison.
Tras la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial el lunes, el Ejecutivo panameño emitió un “decreto de ocupación” y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de las instalaciones.
La reacción desde Hong Kong no se hizo esperar. El Gobierno de la región administrativa especial china elevó una “enérgica protesta” al cónsul panameño y expresó su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos.
En un comunicado oficial, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, calificó la decisión panameña como “un acto flagrante” y sostuvo que la revocatoria de la concesión constituye “un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza”, además de que “viola el espíritu” del contrato vigente desde 1997.
El Ejecutivo hongkonés fue más allá y advirtió que las “acciones desproporcionadas del Gobierno panameño han deteriorado la credibilidad del país y han menoscabado de forma grave las reglas del comercio internacional”, exigiendo a Panamá que “respete el espíritu de los contratos” y garantice un entorno “equitativo y justo” para las empresas.
Desde Ciudad de Panamá, el presidente José Raúl Mulino rechazó de plano las acusaciones y subrayó en un mensaje televisado que la medida “no es ninguna expropiación”.
Panamá deja sin efecto contrato de puertos con filial de CK Hutchison y se activa plan de transición
“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, afirmó el mandatario.
Mulino defendió que la ocupación se realizó “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales”, al tratarse de una actividad “estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial”.
Según explicó, el decreto de ocupación es una “herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes” y busca asegurar la continuidad operativa tras la anulación judicial de la concesión.
En paralelo, el Gabinete aprobó concesiones transitorias por hasta 18 meses a dos operadores internacionales: APM Terminals (del grupo danés Maersk) para Balboa y Terminal Investment Limited (TiL), vinculada a Mediterranean Shipping Company (MSC), para Cristóbal. El objetivo oficial es garantizar la operación, mantenimiento y administración de ambas terminales mientras se define un esquema definitivo.
Por su parte, PPC denunció que el Estado ingresó directamente a las instalaciones e intervino “la propiedad y el personal de PPC”, obligándola a cesar operaciones. Además, señaló que el decreto de ocupación abarca equipos, grúas, vehículos, sistemas informáticos y otros bienes.
La filial de CK Hutchison ya inició un arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, en virtud del contrato de concesión. Según voceros de la compañía, la reclamación asciende a US$2.000 millones.
El conflicto se produce en un contexto geopolítico más amplio, marcado por la creciente tensión entre Estados Unidos y China en torno a la influencia sobre el Canal de Panamá y el comercio regional. Washington ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la presencia de capital chino en infraestructuras estratégicas del istmo.
¿Qué puede seguir ahora?
En lo inmediato, el frente legal será determinante. El arbitraje internacional podría prolongarse durante años y abrir un litigio multimillonario que pondrá a prueba la solidez jurídica de la decisión panameña.
En paralelo, la disputa diplomática con Hong Kong —y por extensión con China— podría escalar si Pekín decide involucrarse de forma más directa en la defensa de los intereses de CK Hutchison.
Para el Gobierno de Mulino, el desafío será doble: sostener internamente la narrativa de defensa del interés nacional y, al mismo tiempo, preservar la confianza de inversionistas extranjeros en un país cuya economía depende en gran medida de los servicios logísticos y portuarios.
El pulso recién comienza y su desenlace no solo tendrá impacto económico, sino también implicaciones geopolíticas en uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial.
