Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar a 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países marca un nuevo episodio en la política comercial de la mayor economía del mundo y abre interrogantes sobre su impacto en Centroamérica.
El mandatario informó a través de su red Truth Social que el aumento será “de inmediato”, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de su anterior esquema de gravámenes. La nueva orden ejecutiva se ampara en la sección 122 del Código de Comercio de Estados Unidos, que permite aplicar aranceles de hasta 15 % por un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso autorice su extensión.
Para Carolina Palma, Socia Líder de Impuestos indirectos de Deloitte, el efecto práctico para Costa Rica no representa un giro drástico respecto al escenario previo. “Desde el punto de vista práctico para Costa Rica, esto no nos está cambiando mayormente el panorama que teníamos antes”, afirmó.
La experta explicó que el país ya enfrentaba un arancel de 15 % sobre varias de sus exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que el ajuste generalizado no implica una desventaja adicional frente a otros mercados.
“En este momento en principio el arancel sería solamente por 150 días y no indefinido como era antes”, destacó Palma, al señalar que cualquier prórroga requeriría aval legislativo. Esa condición introduce un elemento de incertidumbre política, pero también una ventana de eventual negociación.
SECTORES IMPACTADOS
Entre los sectores costarricenses impactados figuran dispositivos médicos, llantas, maquinaria y manufactura avanzada que no cuentan con exenciones específicas. En contraste, los productos agrícolas como piña, banano y café continúan ingresando con arancel cero bajo disposiciones previas, al igual que eventuales exportaciones farmacéuticas.
Un punto relevante es el tratamiento del sector textil. Costa Rica no es un exportador significativo en este rubro, pero países como El Salvador y Guatemala, que recientemente suscribieron acuerdos con Estados Unidos con arancel cero para textiles, podrían verse relativamente beneficiados. Palma considera que la medida “viene a favorecer más al resto de Centroamérica que sí exporta textiles”.
Más allá del 15 %, la especialista advierte que el fallo de la Corte Suprema tiene implicaciones de mayor alcance. El dictamen estableció que el presidente no puede imponer aranceles utilizando ciertas normativas sin la aprobación del Congreso, lo que limita su margen de maniobra futura.
En términos competitivos, la uniformidad del 15 % para todos los países cambia las reglas del juego. Antes, Costa Rica enfrentaba un 15 % mientras otras naciones tenían un 10 %. Ahora, la tarifa se equipara globalmente. Desde esa óptica, Palma estima que la competitividad relativa del país no debería verse gravemente afectada, al tratarse de una medida “impuesta a todos por igual”.
Con un horizonte de 150 días y la necesidad de respaldo legislativo para prolongarse, el nuevo arancel abre un compás de espera para exportadores y gobiernos, que deberán monitorear de cerca la evolución política en Washington y su impacto en el comercio regional.
