Por: cincodias.com
La obra civil en el Canal de Panamá avanza al 85% de grado de ejecución, mientras el proyecto total está completado en un 75% si se tiene en cuenta que resta la instalación de las 16 compuertas del tercer juego de esclusas, así como los elementos electromecánicos que acompañan a la infraestructura.
Los trabajos han vuelto a su ritmo óptimo tras el parón de principios de año por la falta de liquidez en la obra. Sus máximos responsables esperan entregar el proyecto a la ACP en diciembre de 2015, tal y como se ha fijado como último plazo, si bien está acordada una moratoria que alcanzaría febrero de 2016. La obra fue adjudicada en julio de 2009 y arrancó un mes después. La fecha inicial de fin de obra era octubre de 2014.
Las que comienzan a entrar en juego son las reclamaciones económicas de las empresas. La cifra en litigio asciende a US$1.600 millones frente a un presupuesto de ejecución de 3.400 millones.
De la desviación, cerca de US$800 millones se deben a fallos en el proyecto de ingeniería que GUPC achaca a la Autoridad del Canal que dirige Jorge Quijano. Esa partida está aún bajo examen de la gestora de la infraestructura, que no reconoce errores en la información sobre fallas o la composición del terreno a excavar para abrir una tercera vía marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Se esperaba basalto reutilizable en el hormigón de las esclusas y el terreno resultó más arcilloso de lo esperado, teniendo que acometerse excavaciones en otros puntos.
La partida que la ACP ha decidido someter ya a la mediación del órgano de resolución de conflictos DAB es la de los retrasos de siete meses en el proyecto por el continuado rechazo de la fórmula del hormigón que proponía Sacyr entre febrero y agosto de 2011. La cifra en litigio asciende a US$573 millones.
Las constructoras llegaron a concebir una mezcla de máxima impermeabilidad para evitar la corrosión a base de aplicar humo de sílice, lo que llegó a multiplicar el costo del metro cúbico de hormigón hasta por cuatro. Posteriormente, la ACP reconoció que la primera variante de hormigón ofrecía suficientes garantías, permitiendo a Sacyr y sus socios de consorcio emplear esa fórmula, según explican el director del proyecto y el jefe de diseño, José Peláez y Rafael Pérez, respectivamente.
Será el 21 de julio cuando el DAB, formado por tres expertos independientes, abra su investigación para que la vista se celebre en septiembre. Por este órgano han pasado ya una decena de reclamaciones menores de GUPC: ocho las han ganado las contratistas por un valor total de US$90 millones, aunque no han cobrado aún, y dos se han decantado del lado de la ACP. Sacyr y sus compañeras de consorcio ya han decidido elevar recurso ante la Corte Internacional de Arbitraje de Miami por una de reclamaciones perdidas, valorada en US$120 millones.
Guerra fría
Las aguas parecen haber vuelto a su cauce en el Canal, pero es obvio que la tensión es alta entre la ACP y sus constructoras tras la batalla vivida hace unos meses, cuando las empresas paralizaron el proyecto y la Autoridad del Canal amenazó con rescindir el contrato. Faltaba liquidez y se acumulaban los sobrecostes.
Ahora GUPC ha contratado despachos de abogados en España, EE UU e Italia, sumando cerca de 40 profesionales externos para sacar adelante sus reclamaciones al Canal. La gestora del paso marítimo, por su parte, tiene un presupuesto de US$20 millones este año para armar su defensa.
Mientras unos y otros se cargan de argumentos, GUPC sigue tendiendo hormigón y la ACP está cumpliendo con el pago de las certificaciones mensuales. El último cheque, de US$80 millones, corresponde al mes de mayo y llegó días atrás. El cliente de Sacyr tiene 56 días para hacer efectiva cada una de las certificaciones, de las que restan unos US$800 millones hasta finalizar el encargo.
A los pagos mensuales se sumó la inyección de US$200 millones a partes iguales entre GUPC y la ACP, merced al acuerdo que permitió la vuelta al tajo de hasta 7.000 trabajadores en febrero. Y resta por llegar la aportación de US$400 millones más por parte de las constructoras. Estas, según fuentes oficiales de Sacyr, ultiman los créditos en Europa con garantía de Zurich, aseguradora de la obra y, en el caso español, de la entidad pública Cesce.
Sacyr encabeza GUPC con el 43% del capital; la italiana Impregilo cuenta con el 41%, la belga Jan de Nul atesora un 15% del consorcio y la local Cusa cierra el cuarteto con el 1%. El consorcio tiene hasta el 31 de julio para realizar esta última aportación.
La obra civil en el Canal de Panamá avanza al 85% de grado de ejecución, mientras el proyecto total está completado en un 75% si se tiene en cuenta que resta la instalación de las 16 compuertas del tercer juego de esclusas, así como los elementos electromecánicos que acompañan a la infraestructura.
Los trabajos han vuelto a su ritmo óptimo tras el parón de principios de año por la falta de liquidez en la obra. Sus máximos responsables esperan entregar el proyecto a la ACP en diciembre de 2015, tal y como se ha fijado como último plazo, si bien está acordada una moratoria que alcanzaría febrero de 2016. La obra fue adjudicada en julio de 2009 y arrancó un mes después. La fecha inicial de fin de obra era octubre de 2014.
Las que comienzan a entrar en juego son las reclamaciones económicas de las empresas. La cifra en litigio asciende a US$1.600 millones frente a un presupuesto de ejecución de 3.400 millones.
De la desviación, cerca de US$800 millones se deben a fallos en el proyecto de ingeniería que GUPC achaca a la Autoridad del Canal que dirige Jorge Quijano. Esa partida está aún bajo examen de la gestora de la infraestructura, que no reconoce errores en la información sobre fallas o la composición del terreno a excavar para abrir una tercera vía marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Se esperaba basalto reutilizable en el hormigón de las esclusas y el terreno resultó más arcilloso de lo esperado, teniendo que acometerse excavaciones en otros puntos.
La partida que la ACP ha decidido someter ya a la mediación del órgano de resolución de conflictos DAB es la de los retrasos de siete meses en el proyecto por el continuado rechazo de la fórmula del hormigón que proponía Sacyr entre febrero y agosto de 2011. La cifra en litigio asciende a US$573 millones.
Las constructoras llegaron a concebir una mezcla de máxima impermeabilidad para evitar la corrosión a base de aplicar humo de sílice, lo que llegó a multiplicar el costo del metro cúbico de hormigón hasta por cuatro. Posteriormente, la ACP reconoció que la primera variante de hormigón ofrecía suficientes garantías, permitiendo a Sacyr y sus socios de consorcio emplear esa fórmula, según explican el director del proyecto y el jefe de diseño, José Peláez y Rafael Pérez, respectivamente.
Será el 21 de julio cuando el DAB, formado por tres expertos independientes, abra su investigación para que la vista se celebre en septiembre. Por este órgano han pasado ya una decena de reclamaciones menores de GUPC: ocho las han ganado las contratistas por un valor total de US$90 millones, aunque no han cobrado aún, y dos se han decantado del lado de la ACP. Sacyr y sus compañeras de consorcio ya han decidido elevar recurso ante la Corte Internacional de Arbitraje de Miami por una de reclamaciones perdidas, valorada en US$120 millones.
Guerra fría
Las aguas parecen haber vuelto a su cauce en el Canal, pero es obvio que la tensión es alta entre la ACP y sus constructoras tras la batalla vivida hace unos meses, cuando las empresas paralizaron el proyecto y la Autoridad del Canal amenazó con rescindir el contrato. Faltaba liquidez y se acumulaban los sobrecostes.
Ahora GUPC ha contratado despachos de abogados en España, EE UU e Italia, sumando cerca de 40 profesionales externos para sacar adelante sus reclamaciones al Canal. La gestora del paso marítimo, por su parte, tiene un presupuesto de US$20 millones este año para armar su defensa.
Mientras unos y otros se cargan de argumentos, GUPC sigue tendiendo hormigón y la ACP está cumpliendo con el pago de las certificaciones mensuales. El último cheque, de US$80 millones, corresponde al mes de mayo y llegó días atrás. El cliente de Sacyr tiene 56 días para hacer efectiva cada una de las certificaciones, de las que restan unos US$800 millones hasta finalizar el encargo.
A los pagos mensuales se sumó la inyección de US$200 millones a partes iguales entre GUPC y la ACP, merced al acuerdo que permitió la vuelta al tajo de hasta 7.000 trabajadores en febrero. Y resta por llegar la aportación de US$400 millones más por parte de las constructoras. Estas, según fuentes oficiales de Sacyr, ultiman los créditos en Europa con garantía de Zurich, aseguradora de la obra y, en el caso español, de la entidad pública Cesce.
Sacyr encabeza GUPC con el 43% del capital; la italiana Impregilo cuenta con el 41%, la belga Jan de Nul atesora un 15% del consorcio y la local Cusa cierra el cuarteto con el 1%. El consorcio tiene hasta el 31 de julio para realizar esta última aportación.
