Por revistaeyn.com
Tras conocerse la decisión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, de aumentar el 10 % al salario mínimo (y 6 % para las actividades de exportación y maquila) en el país centroamericano se conocen diversas reacciones.
Arévalo indicó en un mensaje oficial que la decisión obedece a un “análisis técnico” que se encuentra “fundamentado en estudios económicos nacionales e internacionales”.
Sin embargo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) advirtieron sobre posibles consecuencias en el nivel de precios en la economía.
Aseguran que muchas empresas enfrentarán dificultades para absorber ese costo adicional, e incluso podría aumentar la informalidad. Incluso, advierten que algunas pequeñas empresas podrían reducir su personal.
La CIG reiteró que la micro, pequeñas y medianas empresas ya enfrentan obstáculos en sus operaciones por la falta de infraestructura adecuada, demoras en el sistema portuario y otros factores que impactan en la competitividad, por lo que “su sostenibilidad se verá afectada severamente ante esta alza al no tener la capacidad de absorber estos costos incrementales sin una mejora en la productividad”.
“Incrementar el salario mínimo sin criterios técnicos adecuados compromete el aparato productivo principal de Guatemala, representado por las micro, pequeñas y medianas empresas y la fuerza laboral trabajadora”, indicó el Cacif, por medio de un comunicado.
Por otra parte, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), la fórmula para la fijación del salario mínimo es el camino por seguir, porque no les quita el poder adquisitivo a los trabajadores y no les resta a las empresas.
Con la nueva decisión de Arévalo de León, el salario mínimo en actividades no agrícolas pasará de 3.384 quetzales (US$439 aproximadamente) a 3.723 quetzales (US$483).
Según informes locales y estudios de organismos internacionales, el 59 % de los 18 millones de guatemaltecos vive bajo el umbral de la pobreza y más del 70 % de la población económicamente activa lo hace en la informalidad, es decir sin derechos laborales ni seguridad social.
Con información de Prensa Libre / EFE
