Por crhoy.com
Ni Uber, ni Cabify han tocado las puertas del Consejo de Transporte Público (CTP) para discutir eventuales regulaciones sobre su operación.
Eso no impide que las compañías funcionen o contemplen planes de expansión. Uber ya suma 14 meses de operación ininterrumpida, mientras Cabify -de capital español- confirmó que ya desarrollan los planes de expansión en Costa Rica.
Para las autoridades costarricenses cualquier transporte de privado de personas debe estar sujeto a la ley. No obstante, en cuanto a las aplicaciones móviles, la duda sigue sin aclararse.
"No hay conocimiento de ninguna solicitud o planteamiento. Ninguna de las 2 empresas en cuestión se han acercado a la institución", informó el CTP, a través de su oficina de prensa.
Como norma en otros países, Cabify se acercó a las autoridades para encaminar su ingreso. Sin embargo, la empresa mantiene en el congelador cualquier detalle adicional a su eventual llegada a Costa Rica.
Tampoco hay señales de humo ante eventuales indicios del Poder Ejecutivo por entrarle al tema y presentar alguna iniciativa que regule la inminente llegada de más aplicaciones.
Por su cuenta, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Franklin Corella presentó un proyecto de ley que regula la movilidad colaborativa.
El texto establece requisitos para las plataformas de movilidad colaborativa que funcionan en el país. Además crea el Fondo Nacional de Movilidad (FNM), financiado por medio de un cobro del 3% por cada viaje que realice a través de ellas.
Los recursos generados por ese canon se utilizarán para obras públicas que incentiven nuevas formas de movilidad y accesibilidad urbana, y al cual podrán tener acceso municipalidades, organizaciones sociales, empresas, entre otros.
"El proyecto fue presentado la semana anterior, ya está en corriente legislativa en el proceso de publicación y luego sería nombrado en la comisión correspondiente. Esperemos que sea la Comisión de Gobierno y Administración", indicó el legislador oficialista.
Corella, manifestó que ya varios diputados han respaldado su propuesta y espera llevarla a buen puerto.
El plan establece los requisitos para la operación de las plataformas privadas en el país.
Entre, eso la prohibición para las que las iniciativas con fines de lucro reciban pago en efectivo. Solo podrían cobrar el servicio que brinden con tarjetas de crédito o débito.
