La Contraloría General de la República (CGR) investiga las contrataciones de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la empresa Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa del exministro de Hacienda Fernando Herrero.
Por: Prensa Latina
El pesquisaje comenzó tras el escándalo desatado al comprobarse los delitos de fraude y evasión de impuesto cometidos por el exjerarca de Hacienda, su cónyuge (también asesora personal de la presidenta Laura Chinchilla) y otros funcionarios.
Inspectores de la CGR solicitaron los expedientes de la refinadora de petróleo para esclarecer si en el caso de Procesos se respetaron las leyes sobre contratación pública, señaló el periódico digital Informa-tico.
El análisis incluye todas las etapas del proceso de contratación que constan en documentos, incluyendo las cartas de recomendación que el cartel de licitación exigía a los oferentes participantes en el mismo.
Recope suscribió un contrato por 34 mil dólares con Procesos, empresa dedicada a asesorías en comunicación, en apenas 48 horas y mediante un trámite en el que los competidores eran tres firmas proveedoras de materiales de construcción.
Aunque las autoridades de Recope aseguraron que sólo se trató de un error humano, tanto la Contraloría como la Fiscalía investigan si en verdad ocurrió un fraude de simulación, violatorio de las normas de contratación pública.
Como parte de los documentos requeridos, la empresa de Rodríguez presentó cartas de recomendación del ministro de Educación, Leonardo Garnier; del vicepresidente Luis Liberman, y de un hermano de la mandataria costarricense, Adrián Chinchilla.
La Nación, diario nacional, informó que la empresa de Rodríguez declaró a Tributación Directa ingresos inferiores a los que recibió entre 2010-2011.
Herrero, Rodríguez y el exdirector de Tributación Directa Francisco Villalobos, renunciaron a sus cargos a raíz del escándalo por la evasión de impuestos y medios de prensa nacionales prevén la posibilidad de que ese sea el desenlace de los cuestionamientos alrededor de Garnier.
Las críticas al jerarca de Educación arrecieron al trascender que este redactó una carta para que la empresa de la esposa de su amigo y excompañero de estudios, Herrero, fuera beneficiada con un contrato de la entidad estatal de petróleos.
Algo similar ocurrió en 2006, cuando Garnier fue denunciado por concederle a esa firma el derecho a elaborar la reforma curricular concebida como parte del proyecto Educación en ética, estética y ciudadanía, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Procesos recibió el contrato de la consultoría por un monto de 243 mil dólares, denunció entonces al Semanario Universidad el exdiputado Oscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
