Por: Revistaeyn.com
La estrategia antidrogas de Estados Unidos en América Latina está entrando en una nueva fase.
Lejos de limitarse a la persecución de cargamentos de droga o a la captura de líderes criminales, la administración de Donald Trump avanza hacia un enfoque más amplio que busca desarticular el ecosistema completo que sostiene al narcotráfico: organizaciones criminales, estructuras financieras, empresas de fachada y redes políticas que facilitan sus operaciones.
Dos acontecimientos ocurridos esta semana ilustran esa tendencia. Por un lado, Washington designó como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), las dos mayores estructuras criminales de Brasil y entre las más poderosas de América del Sur.
Por otro, Guatemala profundizó su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, recibió nuevo equipamiento militar y lanzó importantes operaciones contra el narcotráfico en la frontera con México, una de las zonas más sensibles para las rutas de tráfico regional.
Ambos movimientos forman parte de una estrategia que comenzó a tomar forma con el denominado Escudo de las Américas, impulsado por Washington como una plataforma de cooperación regional contra lo que la Casa Blanca denomina "narcoterrorismo".
De los carteles a sus redes de protección
La decisión de incluir al PCC y al Comando Vermelho en las listas estadounidenses de organizaciones terroristas tiene implicaciones que van mucho más allá de Brasil.
El nuevo estatus jurídico habilita a las autoridades estadounidenses a ampliar el alcance de sanciones financieras, congelamiento de activos, persecución judicial y cooperación internacional contra cualquier persona o entidad que facilite actividades vinculadas con estas organizaciones.
La medida no apunta únicamente a los líderes criminales. Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años en Brasil han mostrado cómo estas estructuras lograron expandirse mediante redes de protección que alcanzan actividades empresariales, sistemas de lavado de dinero y ámbitos políticos locales.
Las autoridades brasileñas han detectado infiltraciones en empresas de transporte, estaciones de servicio, desarrollos inmobiliarios, servicios financieros e incluso compañías tecnológicas utilizadas para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.
El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a describir a estas organizaciones como auténticas "multinacionales" del crimen.
Desde la óptica de Washington, atacar únicamente a los traficantes resulta insuficiente si permanecen intactas las estructuras económicas que permiten mover, invertir y ocultar los recursos generados por las organizaciones criminales.
Guatemala se acerca al esquema regional
Mientras Brasil enfrenta una creciente presión financiera y judicial, Guatemala comienza a ocupar un lugar más relevante dentro de la estrategia regional estadounidense.
En los últimos meses el país recibió aeronaves militares estadounidenses, equipamiento y programas de cooperación destinados a fortalecer las capacidades de sus fuerzas de seguridad.
Esta semana aterrizó en territorio guatemalteco un avión Hércules C-130 procedente de la Guardia Nacional de Arkansas con equipos destinados a la Fuerza Aérea Guatemalteca, como parte de los programas bilaterales de cooperación.
La asistencia se suma a los entrenamientos tácticos y operativos que ambos países vienen desarrollando desde principios de año.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad guatemaltecas ejecutaron uno de los mayores golpes recientes contra las estructuras del narcotráfico en la frontera con México, donde fue desmantelada una importante instalación utilizada para la producción de drogas sintéticas.
El presidente Bernardo Arévalo ha insistido en que no existe ningún acuerdo que permita operaciones militares estadounidenses en territorio guatemalteco y ha rechazado versiones sobre posibles bombardeos contra carteles. Sin embargo, también ha confirmado la solicitud formal de cooperación en operaciones lideradas por las propias fuerzas guatemaltecas.
La señal dirigida hacia México
La evolución de la estrategia estadounidense también está generando creciente presión sobre México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que está dispuesta a fortalecer la cooperación en seguridad con Washington, pero rechaza cualquier acción militar extranjera dentro de territorio mexicano.
La posición mexicana se ha vuelto especialmente relevante debido a que gran parte de la nueva doctrina estadounidense considera que el narcotráfico constituye una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las tensiones aumentaron tras las investigaciones abiertas en tribunales estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a organizaciones criminales y por la presencia cada vez más visible de agencias estadounidenses en tareas de inteligencia relacionadas con el combate a los carteles.
Aunque Washington mantiene abiertos los canales de cooperación con Ciudad de México, el mensaje que emerge desde la Casa Blanca es que la lucha contra el narcotráfico ya no se limitará a perseguir cargamentos o capos individuales.
Un cambio de paradigma regional
La consolidación de alianzas con países como Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras y ahora Guatemala refleja un cambio más profundo en la visión estratégica estadounidense sobre América Latina.
Washington busca construir una red de cooperación capaz de enfrentar organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios países, controlan corredores logísticos, infiltran instituciones públicas y utilizan estructuras empresariales para mover recursos.
La designación de organizaciones criminales como grupos terroristas encaja dentro de esa lógica.
En ese escenario, los acontecimientos de los últimos días sugieren que la estrategia estadounidense está dejando de ser una suma de operaciones aisladas para convertirse en una política regional más estructurada, cuyo foco no se limita a los narcotraficantes, sino también a quienes los financian, los protegen o facilitan su expansión. Y es precisamente allí donde Washington parece estar enviando su mensaje más contundente hacia América Latina: el cerco ya no apunta únicamente a los carteles, sino a todo el ecosistema que les permite operar.