Se deben seguir las normas ambientales, sociales y de gobierno corporativo
Por: Roberto Ponce
Una alternativa real de financiamiento para hacer crecer una empresa son los fondos de capital privado. En Latinoamérica y especialmente en nuestra región centroamericana, ha aumentado el interés de inversión de fondos y fuentes de capital privado por varias razones. Centroamérica representa un mercado desatendido por los proveedores de capital, tiene una ubicación favorable respecto de Estados Unidos y un robusto crecimiento de la demanda local. Además el PIB de las economías de Latinoamérica está creciendo en un promedio de 1.5% a 5% por encima de los Estados Unidos y Europa.
Como parte de nuestra especialización en creación y administración de fondos de capital privado, recientemente estuve participando en Nueva York en diferentes eventos sobre el tema. Tal como lo he comentado a mis clientes desde hace ya más de dos años, es importante que para poder acceder a dichas fuentes de capital privado, las empresas deben implementar formalmente las normas y estándares de desempeño ambientales, sociales y de gobernanza del IFC/Banco Mundial (ESG por sus siglas en inglés). La visión de estas instituciones y sus afiliadas es invertir en el sector privado de los países en desarrollo con el objetivo que las empresas generen más puestos de trabajo e ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y que exista una contribución a las comunidades. Es por ello, que el cumplimiento con las normas sociales, ambientales y de gobernanza ya no es un tema negociable. Son requisitos obligatorios que si bien antes aplicaban únicamente a los clientes y programas financiados por el Banco Mundial, cada día están siendo adoptadas por la mayoría de fondos de capital privado y fondos multilaterales, inversionistas privados e institucionales.
Estos estándares se componen de ocho normas, las cuales se resumen a continuación:
Primero hay que desarrollar un sistema de evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales que busca promover un mejor desempeño ambiental y social de las empresas mediante el empleo eficaz de los sistemas de gestión. El objetivo es que las empresas adopten medidas para prever y evitar, minimizar, y/o, restaurar, los riesgos y los impactos sobre los trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente.
La segunda norma evalúa el trabajo y las condiciones laborales de la empresa, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, prevenir el uso de trabajo forzoso, promover el trato justo, evitar la discriminación y establecer sistemas que permitan una buena relación entre los trabajadores y la gerencia.
En tercer lugar están los estándares de eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación para evitar o minimizar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente y promover un uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua. En este punto se hace énfasis en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero relacionadas con el proyecto.
La cuarta norma vela por la salud y seguridad de la comunidad, con el fin de evitar o minimizar los riesgos para las comunidades que puedan estar afectadas.
La adquisición de tierras y reasentamiento involuntario busca evitar el desalojo forzoso, el desplazamiento de las personas y/o mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas.
Las normas también contemplan la conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos, es decir, proteger y conservar la biodiversidad, fomentando el manejo sostenible de los recursos naturales vivos.
Asimismo los estándares incluyen la garantía, respeto y dignidad de los pueblos indígenas. Los proyectos a desarrollarse deben velar por la promoción de beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible, evitar impactos adversos en la comunidad indígena, respetar y conservar la cultura de dichos pueblos.
Por último se busca proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto y el apoyo de su conservación.
Las instituciones de inversión, en especial los bancos de desarrollo y multilaterales, proveen con estas normas, una exigencia de que las inversiones en empresas privadas no generen efectos negativos en las comunidades y el ambiente, sino que permitan a todas las personas tener oportunidades para mejorar su calidad de vida.
El cumplimiento de estas normas o tener un plan de mejora, no solamente se está transformando en un requisito innegociable de cumplimiento para obtener fondos de capital; sino también se vuelve en una excelente herramienta de mercadeo que le permite acceder a nuevos mercados y clientes que exigen de las empresas, un cumplimiento tangible de su responsabilidad social, ambiental y de gobierno corporativo.
En Invermaster hemos apoyado a varios clientes con la revisión del cumplimiento de estas normas como parte del proceso de debida diligencia para acceder a capital privado, y si bien, es a veces muy difícil para una empresa mediana o pequeña cumplir a cabalidad con estas normas, hemos logrado que en los casos en que se necesita mejorar, se acuerde un plan de mejora progresivo y ajustado a las posibilidades de cada proyecto.
