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FUDECSO anuncia su disolución en El Salvador por la Ley de Agentes Extranjeros

Tras 33 años de trabajo en investigación, formación cívica y promoción de políticas públicas, la entidad comunicó que el nuevo marco legal en El Salvador hace inviable su continuidad.

2025-09-08

Por revistaeyn.com

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) anunció su disolución y el cierre de operaciones en El Salvador, atribuyendo la medida a la “actual situación política del país” y a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) aprobada por el oficialismo de la Asamblea Legislativa.

Tras 33 años de trabajo en investigación, formación cívica y promoción de políticas públicas, la entidad comunicó que el nuevo marco legal hace inviable su continuidad.

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En su comunicado institucional FUDECSO rememora su aporte desde los acuerdos de paz, la cobertura legal a la unidad local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la publicación de libros, realización de seminarios y la difusión de análisis críticos sobre la realidad nacional.

Según el escrito, esas labores se han visto amenazadas por un entorno de “cierre del espacio cívico, persecución, hostigamiento y captura” que utiliza el régimen de excepción como herramienta jurídica.

La fundación cuestiona la LAEX por convertir en práctica normas que, a su juicio, restringen la libertad de organización y expresión. Señala que la legislación impone obligaciones y prohibiciones a las organizaciones no gubernamentales, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.

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Asimismo advierte que la norma otorga discrecionalidad a autoridades como el Presidente, el Registro de Agentes Extranjeros, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local y la Fiscalía, lo que —dice— legaliza arbitrariedades y facilita acciones contra ONG.

FUDECSO aclara que no ha sido ni es “agente” de gobierno o entidad extranjera y que, frente a la posibilidad de responsabilizaciones y la pérdida de libertades, prefiere cerrar sus puertas.

La decisión se inscribe en un contexto en que otras organizaciones también han suspendido actividades o anunciado cierres, generando preocupación entre académicos, defensores de derechos y miembros de la sociedad civil sobre la disminución de espacios independientes de investigación y fiscalización.

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