Por Thony Da Silva Romero / CEO & Socio director de PIZZOLANTE
La tercera edición de la investigación de E&N, DATOS GROUP y PIZZOLANTE sobre la confianza en las empresas y los empresarios en Centroamérica, renueva las oportunidades de profundizar sobre un tema cada vez más decisivo y diferenciador.
Centroamérica, tal como ocurre con el resto de América Latina, e incluso del mundo, vive en un contexto sociopolítico marcado por la polarización, la desinformación y la creciente insatisfacción ciudadana, realidades claramente identificadas en el Mapa de Riesgos 2025 del Foro Económico Mundial, y donde la confianza en las instituciones públicas y privadas se convirtió en un termómetro del estado de salud de los sistemas políticos.
Los resultados más recientes del Estudio El Valor de la Confianza 2025 permiten obtener una radiografía que se desprende de la percepción ciudadana respecto a distintas instituciones —tanto gubernamentales como empresariales— y abre la puerta a una reflexión sobre los impactos de esta percepción en la estabilidad, legitimidad y prosperidad de la región.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Como primer hallazgo relevante, el denominado Público Informado del estudio apunta a mostrar una importante brecha entre las empresas privadas y las instituciones públicas en términos de generación de confianza. Esta diferencia significativa que favorece al sector empresarial se repite de forma prácticamente homogénea en todos los países analizados, con una tendencia creciente, año tras año.
Considerando esta preferencia por las empresas como mayores generadoras de confianza, llama la atención y resulta particularmente preocupante que, en segundo lugar, el público encuestado seleccione “Ninguna” como respuesta ante la interrogante de “qué instituciones le generan confianza”, pues esto pone de manifiesto un alarmante nivel de desconfianza estructural hacia el resto de las instituciones.
Por su parte y entre el Público General encuestado, la primera mención más frecuente es precisamente “Ninguna”, con un 16,7%, reflejo evidente de una desafección institucional más pronunciada en este grupo. Le siguen la Iglesia Católica, las empresas privadas, la Iglesia Evangélica y las Universidades.
No obstante, las respuestas son heterogéneas entre países en términos de la localización de mayor confianza. En El Salvador, por ejemplo, la confianza recae sobre el Gobierno; en Costa Rica, sobre las Universidades; y en Nicaragua, sobre la Iglesia Católica.
Considerando su relevancia, un detalle no menor es la rezagada posición de los medios de comunicación social en los niveles de confianza institucional.
En Centroamérica se revela una profunda fractura entre la ciudadanía y quienes tienen la responsabilidad de informar. Este debilitamiento del vínculo comunicacional no sólo afecta la calidad del debate público, sino que erosiona una de las columnas vertebrales de la democracia: el acceso confiable a la verdad.
En un entorno saturado de desinformación y polarización, que los medios no logren consolidarse como actores creíbles plantea un riesgo latente, pues sin información confiable, las sociedades quedan a merced del ruido, el rumor y la manipulación, lo que abre espacio a fenómenos populistas, cinismo ciudadano y a la desafección política. Recuperar esa confianza exige un periodismo riguroso, transparente y éticamente comprometido con el bien común.
EMPRESA: CENTRO DE CONFIANZA
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la marcada preferencia por las empresas familiares como las instituciones que generan mayor confianza en la región. En el Público Informado, el 71% declaró confiar más en este tipo de empresas, frente a apenas un 21,7% que prefiere las no familiares.
Esta confianza se mantiene también en el Público General, aunque en menor medida, con un 52,5% inclinándose por las empresas familiares. Este patrón no es casual, refleja una percepción de cercanía, continuidad y compromiso local que estas empresas logran construir, especialmente en contextos donde las instituciones tradicionales han perdido legitimidad.
En cuanto a la confianza según el alcance geográfico de las empresas, se observa una divergencia interesante entre ambos públicos. Entre el Público Informado, las empresas regionales (aquellas que operan exclusivamente en Centroamérica) lideran con un 45,3% de confianza, superando a las globales (29,7%) y a las nacionales (20,7%).
En cambio, en el Público General, el patrón se invierte: las empresas nacionales son las más confiables (47,1%), seguidas por las globales (31%) y en último lugar las regionales (13,5%).
Esto sugiere que el Público General valora lo propio y tangible, mientras que el Público Informado parece reconocer la escala regional como una fuente de eficiencia y compromiso. En ambos casos, sin embargo, el mensaje es claro: las empresas están ocupando un espacio que antes pertenecía a otras instituciones, y con ello, asumen un rol más amplio en la vida pública.
Este fenómeno no es menor, y resulta muy consistente con el informe global Edelman Trust Barometer, el cual pone de manifiesto que las empresas son hoy las instituciones más confiables, bastante por encima de gobiernos, ONG´s y medios de comunicación. Centroamérica se alinea con esta tendencia global, aunque con sus matices propios.
DE CARA A LA GOBERNABILIDAD
Ahora bien, lo que ganan las empresas en confianza, lo pierden las instituciones públicas tradicionales, lo que representa una amenaza directa a la gobernabilidad democrática.
Cuando el ciudadano no encuentra referentes legítimos para canalizar sus demandas, se agudiza la frustración social, se erosiona la cohesión institucional y crece la apatía cívica, ingredientes necesarios y suficientes para derivar en populismo, autoritarismo o ciclos de inestabilidad política.
El rol creciente de las empresas como instituciones confiables plantea nuevos dilemas: ¿Pueden las empresas sustituir el papel de los estados en la construcción de bienestar y confianza? ¿Cuál es el límite entre liderazgo empresarial y la injerencia política?Si bien el sector privado tiene un rol clave en el desarrollo, ser los destinatarios de una confianza desmedida por parte del público podría implicar, no sólo una expectativa irracional ante su razón de ser, sino también una renuncia tácita a la exigencia de tener estados más sólidos y responsables.
En este sentido, Centroamérica enfrenta un reto estructural: recuperar la legitimidad de sus instituciones democráticas y reconstruir la confianza en sus ciudadanos.
Para ello se requiere de mayor transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y una transformación profunda de las prácticas políticas tradicionales
.Mientras tanto, las empresas, en especial las familiares y regionales, deben comprender que su capital de confianza también conlleva serias responsabilidades sociales y éticas. Ser referentes de estabilidad en un entorno institucional tan frágil, implica contribuir activamente al fortalecimiento del tejido social, al empleo digno y al desarrollo sostenible.
ANTE UNA CRISIS FUNCIONAL
La pérdida estructural de confianza institucional implica más que una crisis de reputación en este sector, es una crisis funcional de los sistemas de gobierno.
La legitimidad de las normas, la participación electoral, el respeto a las decisiones judiciales y la inversión en bienes públicos dependen en gran medida de la confianza ciudadana, y si esta se fragmenta, se debilita el contrato social y se abre espacio a liderazgos que prometen orden sin necesariamente garantizar los derechos civiles o económicos de sus ciudadanos.
Por su parte, la creciente confianza en el sector privado ejerce una mayor presión en términos de la expectativa social sobre el liderazgo empresarial, y es por ello que estudios globales como el ya mencionado Edelman Trust Barometer reflejan que 69% de las personas espera que los CEO lideren el cambio social en ausencia de gobiernos eficaces.
Esta expectativa implica una redefinición del rol empresarial, pues ya no basta con generar beneficios económicos, es indispensable generar confianza social, aportar a la cohesión comunitaria y asumir responsabilidad ética.
Las empresas, especialmente aquellas que gozan de alta reputación en la región, tienen hoy una gran ventana de oportunidad para contribuir a la reconstrucción institucional.
Pero, para ello, el sector empresarial debe comprenderse como un agente de cambio que, trabajando colectivamente, pueda hacerse impulsor de prácticas de gobernanza más transparentes, con mecanismos de rendición de cuentas y cumplimiento ético.
Asimismo, el sector empresarial deberá trabajar por establecer más y mejores alianzas público-privadas para mejorar la calidad de servicios como educación, salud y empleo; fomentar una cultura de integridad organizacional que inspire confianza, no sólo a consumidores, sino también a empleados y comunidades; promover espacios de diálogo con la sociedad civil para formular propuestas de política pública desde una perspectiva plural e invertir en sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, mostrando compromiso genuino con el futuro compartido.
Centroamérica enfrenta hoy una crisis de confianza institucional, que es como un llamado silencioso de la ciudadanía que se siente en orfandad de referentes. En medio de ese panorama un tanto sombrío, aún hay grandes oportunidades.
La confianza en las empresas nos habla de cómo todavía existen espacios donde la palabra tiene valor y la ética importa. Esa confianza es un capital extraordinario, no para sustituir al Estado, sino para ayudar a regenerarlo.
Sabemos bien que la confianza no se decreta, se construye, y en ese proceso de construcción cada uno de los actores sociales debe participar para darle sentido; uno que rescate la capacidad de obtener resultados y de procurar, a través de la naturaleza de su existencia y su propósito, de aportar a la tarea de construir un futuro cargado de progreso, desarrollo y bienestar para toda la sociedad
