Por Prensa Libre

La excandidata presidencial, Sandra Torres, por medio de su abogado, se puso a disposición de la justicia guatemalteca por el caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que en principio era de Q19.5 millones, pero que ahora suma Q27.7 millones.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se presentó al juzgado y mostró el pasaporte de la exaspirante de la UNE, manifestando que ella está en el país y no pretende viajar.

Por el momento Torres goza de inmunidad que le concede el proceso electoral, la cual perderá cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declare ganador a Alejandro Giammattei, y por tanto no hay orden judicial en su contra.

La acción del abogado es impedir que se gire orden de captura contra Torres y sea citada a declarar.

El caso

Torres es señalada por la Fiscalía y la Cicig de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por el caso de aportes en 2015 a la UNE por un monto que inicialmente fue de Q19.53 millones, pero que ahora subió a Q27.7 millones.

Con esos motivos los investigadores pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro de la inmunidad de Torres en plena campaña, pero esta lo rechazó, y posteriormente la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto esa acción de la Suprema mediante un amparo provisional, pero le ordena conocer de nuevo la solicitud de la Fiscalía y la Cicig hasta que ella resuelva el amparo en definitiva, lo cual no ha ocurrido ni existe plazo.

Por estos actos el Ministerio Público (MP) pedirá la cancelación del partido UNE ante el TSE después de esta segunda vuelta. Según óscar Argueta, secretario general de la UNE, la Fiscalía no tiene funciones para asuntos administrativos.