Un grupo de defensores de los derechos humanos de 12 naciones de Europa y América calificó el martes de 'crimen político' el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en marzo y responsabilizó del hecho al Estado de Honduras.
'El asesinato de Cáceres afecta no solo a su familia, sino al pueblo hondureño y a la humanidad por la trascendencia de su lucha en la defensa de los bienes comunes', señaló en un comunicado la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, integrada por 20 abogados, investigadores sociales y periodistas.
El grupo advirtió que en Honduras 'se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato' en contra de defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios que luchan por proteger el agua, los ríos y el medio ambiente.
Sostuvo que 'continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios'.
La misión condenó el violento desalojo de decenas de indígenas que por dos días consecutivos exigieron en las afueras de la Presidencia el arresto de los autores intelectuales de la muerte de Cácares.
El grupo instó a la comunidad internacional a estar vigilante ante la situación que enfrenta el pueblo hondureño, que 'sufre constantes amenazas y hostigamientos por las fuerzas de seguridad del Estado'.
La misión internacional fue convocada por el Comité de Derechos Humanos, y está integrada por representantes de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y desde el 7 de mayo hasta ahora estuvo en la Esperanza, el pueblo natal de Cáceres, a unos 150 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
Al menos dos sicarios se introdujeron por la fuerza a la casa de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo, matándola de tres tiros. Era líder de la etnia lenca, con más de 400.000 miembros distribuidos entre El Salvador y Honduras.
En el ataque resultó levemente herido de bala el mexicano Gustavo Castro, quien estaba con Cáceres.
El Ministerio Público acusó del crimen y mantiene en prisión a cuatro hombres, entre ellos un empleado de la hidroeléctrica Agua Zarca, un mayor del ejército y otro oficial militar retirado.
Cáceres se oponía al proyecto Agua Zarca, que construye una represa en el río Gualcarque, considerado sagrado por los lencas.
