Por estrategiaynegocios.net
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) considera que el Decreto del Congreso de Guatemala para el Presupuesto General del Estado para 2023 confirma numerosos y diversos errores y anomalías, agudizando y multiplicando los espacios para la corrupción y el abuso de los recursos públicos, especialmente durante el año electoral.
En octubre pasado, el ICEFI dio a conocer “las anomalías que caracterizaron el trabajo” de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso para el estudio del proyecto y lamentó que esa comisión “demostró prisa y desinterés” para conocer las recomendaciones de los centros de pensamiento y entes académicos.
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“La CFPM no solo no enmendó las debilidades detectadas en la propuesta original presentada por el Organismo Ejecutivo, sino que la empeoró con errores y añadidos técnicamente cuestionables”, señaló ICEFI.
El ICEFI advirtió un error de subestimación de por lo menos 7,9 millardos de quetzales en la proyección de ingresos tributarios para 2023; mientras la CFPM hizo una corrección de solamente 1,6 millardos de quetzales.
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En la versión finalmente aprobada, el techo presupuestario global se incrementó en 1,5 millardos de quetzales, pero este ajuste no se operó en la proyección de ingresos tributarios sino en el uso de recursos de caja, proveniente de deuda pública bonificada colocada en 2022.
A criterio del Instituto, las principales consecuencias de la negativa del Congreso a corregir la proyección de ingresos tributarios son una excesiva deuda pública bonificada aprobada para 2023, ya que por lo menos Q 6.0 millardos en realidad son innecesarios, una meta de recaudación demasiado baja y un cálculo erróneo de los aportes constitucionales a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Organismo Judicial, entre otros entes con aportes constitucionales.
