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El Estado de Derecho retrocede en cinco de los siete países de Centroamérica

Solo Costa Rica y Panamá superan el promedio latinoamericano y caribeño. Guatemala registra la mayor mejora del istmo en un año en que 19 de los 32 países de América Latina y el Caribe pierden puntaje.

2026-11-20

Por: Revistaeyn.com

Cinco de los siete países de Centroamérica perdieron puntaje en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP).

Guatemala (+1,1 %) y Panamá (+0,2 %) fueron los únicos que mejoraron frente a 2025. Costa Rica, pese a caer un 1,2 %, conservó el primer lugar del istmo y el segundo de América Latina y el Caribe, detrás de Uruguay. Nicaragua registró el mayor retroceso centroamericano, con una caída del 2,5 % y el puesto 139 entre 143 países y jurisdicciones.

El Estado de Derecho retrocede en cinco de los siete países de Centroamérica

La brecha también se ve en los puntajes. Solo Costa Rica (0,67) y Panamá (0,52) se situaron por encima del promedio de América Latina y el Caribe (0,51). Entre Costa Rica y Nicaragua (0,32) hay 0,35 puntos de distancia en una escala de 0 a 1.

Guatemala mejora y la justicia civil sigue rezagada

El avance de Guatemala fue el tercero más alto del mundo, detrás de Letonia (+1,6 %) y Trinidad y Tobago (+1,2 %). El país pasó del puesto 110 al 106 en la clasificación mundial y se mantuvo en el 25 de 32 en América Latina y el Caribe.

El Estado de Derecho retrocede en cinco de los siete países de Centroamérica

Su evaluación en justicia civil (0,34) lo ubicó en el puesto 136 global en ese componente. En aplicación de las regulaciones obtuvo 0,42 y quedó en el lugar 113.

Panamá avanzó un puesto y se ubicó en el lugar 14 de América Latina y el Caribe. Su perfil muestra diferencias entre el desempeño en gobierno abierto (0,56, octavo en la región) y en justicia civil (0,47, decimonoveno).

Honduras gana un puesto mundial pese a perder puntaje

Honduras pasó del puesto 116 al 115 de 143 en la clasificación mundial, aunque su puntaje bajó un 0,5 % y quedó en 0,41.

En América Latina y el Caribe ocupó el lugar 27 de 32. Orden y seguridad fue su dimensión mejor evaluada (0,63), mientras que justicia penal obtuvo la calificación más baja (0,28 y puesto 130 mundial). En aplicación de las regulaciones, el país registró 0,37 y quedó en el puesto 128.

El Salvador, en tanto, obtiene su mejor nota en seguridad y la más baja en justicia penal.

Orden y seguridad fue la dimensión mejor evaluada de El Salvador, con 0,71 y el décimo puesto entre 32 países de América Latina y el Caribe. Al otro extremo, la justicia penal obtuvo 0,20 y quedó en el puesto 141 de 143 a escala mundial.

El país también registró 0,35 en límites al poder gubernamental y 0,39 en derechos fundamentales. Su puntaje general cayó un 0,8 % y su posición mundial se mantuvo en el puesto 114.

Contexto regional

Uruguay lidera América Latina y el Caribe, y México y Colombia retroceden.

Uruguay encabezó la clasificación regional con 0,72 (+0,6 %), seguido de Costa Rica, Barbados y Chile.

Brasil avanzó un 0,5 % hasta 0,51 y Argentina retrocedió un 0,4 %, a 0,54. México (−2,7 %), Colombia (−2,5 %) y Ecuador (−2,2 %) estuvieron entre las caídas más marcadas de la región.

República Dominicana obtuvo 0,50, con una baja del 0,3 %. Nicaragua, Haití y Venezuela ocuparon los tres últimos lugares regionales. Haití sufrió la mayor caída mundial (−5,6 %) y Venezuela quedó última en la clasificación global, con 0,26. Clasificación regional del WJP, p. 32 · Balance regional del WJP

La medición se apoya en más de 215.000 encuestas a hogares y 3.400 a especialistas y profesionales del derecho. Evalúa ocho dimensiones, desde los contrapesos al poder hasta la seguridad, la aplicación de las normas y el funcionamiento de la justicia. A escala mundial, el 62% de los países retrocedió. Fue el noveno año consecutivo en que las caídas superaron a las mejoras.

Para una empresa que opera en varios mercados centroamericanos, el desglose del índice permite examinar cuán previsible es la aplicación de las normas y con qué garantías puede hacerse cumplir un contrato.

El WJP encuentra que los países con un Estado de derecho más sólido tienden a registrar menor riesgo soberano. En el istmo, las diferencias en justicia civil y en aplicación de las regulaciones ayudan a precisar dónde se juega esa previsibilidad.

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