Por revistaeyn.com
Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves en América Latina y el Caribe. Durante los últimos 50 años, cuatro de cada 10 personas han sido impactadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales, un promedio de un desastre natural por semana, con cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas que superan los US$360.000 millones.
Tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos, cada vez más intensos y frecuentes, destruyen viviendas, interrumpen cadenas logísticas, reducen ingresos, obligan a desviar recursos públicos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, generan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.
Estas son algunas de las conclusiones del informe: “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, que la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) presentó a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
El informe fue impulsado de forma conjunta por la FIE, Mapfre, y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
El documento señala que, aunque la región ha avanzado de forma significativa en materia de protección civil, mediante sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia, los países necesitan disponer de una estrategia adicional para reforzar la resiliencia regional y acelerar la reconstrucción tras este tipo de desastres de origen natural.
Adicionalmente, el informe menciona que, ante la recurrencia de estos fenómenos, es clave contar con instrumentos financieros predefinidos, adecuados a distintos tipos de riesgo y momentos de intervención, como los seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo.
Los expertos indican que para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias, y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos que ayuden a cubrir los costes de recuperación.
El documento también propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil con una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado.
El documento añade que reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.
En este sentido, el informe propone un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.
Entre ellos, destaca el hecho de convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado; disponer de recursos para la recuperación de forma rápida; proteger las infraestructuras, servicios y actividades económicas cuya interrupción tenga un mayor impacto social y económico.
Además, se debe mejorar la accesibilidad aseguradora para que una parte importante de la población y de las pequeñas empresas tengan mayor acceso a mecanismos de cobertura frente a riesgos catastróficos, aumenten la proporción de pérdidas cubiertas debido a barreras económicas, limitaciones de información y dificultades de distribución; y asegurar pagos rápidos, ya que la agilidad en los desembolsos es fundamental para una recuperación eficaz.
El decálogo también hace referencia a la importancia de impulsar alianzas público-privadas, ya que la colaboración entre administraciones y empresas es clave para aprovechar la capacidad técnica, financiera y de innovación del sector privado y mejorar la protección; vincular protección y prevención, para que los mecanismos de cobertura estén acompañados de medidas que reduzcan los riesgos y fomenten una mejor planificación y preparación ante los desastres
