El Gobierno de Nicaragua pidió este viernes que cesen las sanciones internacionales contra allegados al presidente del país, Daniel Ortega, en un mensaje en ocasión de la conmemoración del 75 aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas.
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'Es imprescindible preservar el principio de independencia y soberanía, así como el cese de toda política de injerencia en los asuntos internos de los Estados, incluyendo acciones intervencionistas y medidas coercitivas unilaterales, sanciones que son agresiones en detrimento del derecho al desarrollo y de los derechos humanos de nuestros pueblos', señaló el Ejecutivo sandinista en la carta.
Una veintena de funcionarios y empresas allegadas al presidente Ortega, y los sandinistas, y acusadas de violar los derechos humanos de los nicaragüenses en el marco de un estallido social que comenzó en abril de 2018, han sido sancionadas por Estados Unidos.
La Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Canadá también se han sumado a esas sanciones contra al menos seis de esos funcionarios.
En cada una de las sanciones, los países emisores han plasmado de manera expresa que estas son dirigidas específicamente a los afectados, por lo que no tienen consecuencias para Nicaragua como nación.
Entre los sancionados están la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el consuegro de ambos y jefe de la Policía, Francisco Díaz, y dos de los hijos de la pareja presidencial: Rafael y Laureano Ortega.
También el jefe de las Fuerzas Armadas, Julio César Avilés, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, el expresidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, entre otros.
Las sanciones consisten en el embargo de bienes en los territorios emisores de las sanciones, congelamiento de cuentas bancarias, la prohibición de ingreso a dichos países, el rechazo de negocios donde estos tengan participación, entre otros.
En su mensaje, el Gobierno nicaragüense pidió el fin de las sanciones basado en que 'es imprescindible preservar el principio de independencia y soberanía' de los Estados.
'Naciones Unidas debe cumplir con su papel histórico de propiciar respeto, entendimiento, seguridad, soberanía e integridad territorial, trabajando en pie de igualdad, en donde prevalezca el multilateralismo y la voluntad de todos', indicó.
Los ataques armados contra civiles en 2018, las detenciones ilegales de opositores, seguidas por denuncias de presuntas torturas y violencia sexual, más las supuestas ejecuciones extrajudiciales, han despertado críticas de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos hacia el Gobierno de Ortega.
Ortega ha insistido en que, desde abril de 2018, se defiende de un 'golpe de Estado fallido'.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene abierto el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería al país del organismo.
