Por: Revistaeyn.com
El Premio Nobel de la Paz 2026 se convirtió este viernes 9 de octubre en el centro de una confrontación internacional que trasciende ampliamente la elección de su ganadora.
En cuestión de horas, el reconocimiento a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, una de las principales defensoras de la justicia internacional, quedó atravesado por sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y por una dura reacción del gobierno de Israel.
La administración de Donald Trump anunció medidas destinadas a restringir las operaciones y los recursos del tribunal con sede en La Haya, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó abiertamente al Comité Noruego del Nobel por premiar a una jurista que encabezó investigaciones de Naciones Unidas sobre la actuación de Israel en Gaza.
Los acontecimientos ocurrieron el mismo día en que el Comité Nobel justificó su decisión precisamente por la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de perseguir los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.
La coincidencia expuso una fractura que viene profundizándose en el sistema internacional: ¿hasta dónde pueden llegar las instituciones judiciales multilaterales cuando sus decisiones afectan a las grandes potencias o a sus aliados estratégicos?
La respuesta divide a gobiernos que defienden la independencia de esos tribunales y a otros que consideran que algunas de sus actuaciones vulneran la soberanía nacional.
Washington pasa de sancionar jueces a presionar a toda la institución
La decisión más significativa de la jornada llegó desde Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional y anticipó que Washington prohibirá transacciones con el organismo, restringiendo su acceso a recursos financieros y servicios necesarios para desarrollar sus operaciones.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense había sancionado a 17 personas vinculadas al tribunal, incluidos jueces y fiscales. La nueva medida amplía el alcance de la presión al funcionamiento de la propia institución.
Rubio sostuvo que Estados Unidos nunca se adhirió a la CPI y que, por tanto, rechaza que el organismo pueda ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos, militares o dirigentes políticos. Su declaración fue categórica: “O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”.
El secretario de Estado defendió las restricciones como una medida de protección de la soberanía estadounidense y aseguró que la administración Trump está dispuesta a continuar su campaña contra el tribunal. Pese a la contundencia de sus declaraciones, también dejó abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.
Las nuevas sanciones incluyen restricciones a las transacciones con la CPI, con un período de transición para que empresas estadounidenses interrumpan determinadas relaciones comerciales y tecnológicas. El Departamento del Tesoro también contempla licencias que permiten ciertas operaciones específicas.
La importancia de esta decisión radica en que no se limita a expresar desacuerdo con una investigación o una resolución judicial. Busca reducir la capacidad operativa de una institución internacional a través del sistema económico y financiero estadounidense.
Es, en ese sentido, una manifestación concreta del poder que Washington puede ejercer mediante su influencia sobre los servicios financieros, las tecnologías y las transacciones internacionales.
Respuesta de la CPI: una amenaza al orden jurídico internacional
La reacción de la Corte Penal Internacional no tardó en llegar. En un comunicado, el tribunal rechazó las sanciones estadounidenses y las describió como "un ataque al Estado de derecho".
Según la institución, las restricciones buscan alterar su funcionamiento e intimidar tanto a quienes trabajan en ella como a quienes cooperan con las investigaciones.
La Corte recordó que fue creada mediante un tratado internacional y que cuenta con 125 Estados miembros, los cuales le encomendaron investigar y juzgar determinados crímenes internacionales cuando se cumplen las condiciones establecidas en su estatuto.
También pidió a los países que respaldan el tribunal adoptar medidas concretas para garantizar su continuidad.
La controversia abre así un conflicto diplomático entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos, que forman parte de la CPI y defienden su independencia. Alemania, Francia y Reino Unido expresaron su rechazo a las sanciones; mientras Países Bajos, sede del tribunal, estudia mecanismos europeos para limitar sus efectos.
Israel cuestiona a Pillay por las investigaciones sobre Gaza
El segundo frente de la controversia se originó en Jerusalén. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al Comité Noruego del Nobel de haber "perdido su criterio moral" al conceder el premio a Navi Pillay.
En una declaración especialmente dura, el gobierno israelí calificó a la jurista de parcial y la acusó de formular señalamientos infundados contra Israel.
El cuestionamiento tiene antecedentes concretos. Pillay presidió entre 2021 y 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel.
La comisión examinó la actuación de las partes en el conflicto y concluyó que Israel cometió actos constitutivos de genocidio en Gaza.
Israel ha rechazado esas conclusiones, cuestionado la imparcialidad de la investigación y defendido que sus operaciones militares responden a objetivos de seguridad y al combate contra Hamás.
Es importante distinguir, en este punto, las funciones de las distintas instituciones internacionales. La comisión encabezada por Pillay fue un mecanismo de investigación de Naciones Unidas, no un tribunal que dictara una condena judicial.
La CPI, por su parte, ha desarrollado investigaciones penales sobre presuntos crímenes internacionales y emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, entre otras actuaciones relacionadas con el conflicto.
Israel no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus dirigentes y cuestiona la legalidad de esos procedimientos.
Disputa de fondo: ¿quién juzga a los Estados y sus dirigentes?
El enfrentamiento tiene raíces institucionales que explican por qué trasciende la polémica del Nobel.
La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, y comenzó a funcionar en 2002. Su misión consiste en investigar y juzgar a personas, no a Estados, por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo condiciones específicas, el crimen de agresión.
Su intervención es complementaria de las jurisdicciones nacionales. En principio, actúa cuando los Estados competentes no pueden o no están dispuestos a llevar adelante investigaciones y procesos genuinos.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma. Israel tampoco es Estado parte.
Sin embargo, la ausencia de ratificación no excluye automáticamente toda competencia del tribunal: bajo determinadas condiciones, la CPI puede investigar presuntos delitos cometidos en el territorio de un Estado parte, incluso cuando los sospechosos son nacionales de países que no integran la institución.
Este principio está en el centro de la controversia. Washington sostiene que el tribunal no debe tener autoridad para procesar a estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos. La CPI reivindica, en cambio, las competencias que le otorga su tratado constitutivo, incluidas las que pueden alcanzar a nacionales de países no miembros por hechos ocurridos en territorios sujetos a su jurisdicción.
.Un Nobel que deja al descubierto las tensiones del orden mundial
El Premio Nobel de la Paz suele estar acompañado por debates sobre los méritos de los galardonados y el significado político de las decisiones del Comité Noruego.
La edición de 2026 adquirió una dimensión particular porque coincidió con medidas concretas contra una de las instituciones que forman parte de la trayectoria de su ganadora.
La simultaneidad no demuestra que las sanciones estadounidenses fueran provocadas por el galardón. La oposición de Washington a la CPI es anterior y responde a diferencias persistentes sobre soberanía y jurisdicción.
Pero, los acontecimientos de este 9 de octubre reunieron en una misma jornada las principales tensiones que atraviesan al sistema internacional: las demandas de justicia, los límites de la autoridad judicial, la soberanía de los Estados y el ejercicio del poder de las grandes potencias.
