Por: AFP
Estas leyes, sobre las que se debe pronunciar el Parlamento, están pensadas contra el nuevo enemigo público número uno de Londres, el grupo yihadista Estado Islámico, que domina partes de Siria e Irak y que en los últimos meses ha asesinado a varios rehenes occidentales decapitándolos, dos de ellos británicos.
'Estamos en medio de una lucha generacional contra una ideología terrorista mortífera', ha declarado Theresa May, ministra del Interior del Gobierno conservador de David Cameron. 'En una sociedad libre y abierta no se puede erradicar totalmente la amenaza del terrorismo, pero tenemos que hacer lo posible para reducir los riesgos, en consonancia con nuestros valores compartidos', ha asegurado.
El grupo Estado Islámico se ha convertido en un imán y cientos de jóvenes británicos se han sumado a sus filas. Si quieren volver, tendrán que pedir permiso a las autoridades británicas y estas podrían negárselo durante dos años.
Las condiciones, según el texto, es que existan 'sospechas razonables' de que 'el individuo está implicado, o lo ha estado, en actividades relacionadas con terrorismo fuera del Reino Unido' o que sea 'necesario' para 'proteger del riesgo de terrorismo a la gente en el Reino Unido'. Los sospechosos tendrán que aceptar y colaborar con su vigilancia estricta.
Asimismo, las nuevas leyes aumentarán la vigilancia de personas catalogadas como radicales por las autoridades e impedirán a las universidades invitar a extremistas. Además, tipifica como delito el pago, por parte de las aseguradoras, de rescates a organizaciones catalogadas como terroristas.
Las leyes tienen amplio apoyo en todos los partidos y prevén la creación de un comité que vigile que su aplicación no vulnera los derechos individuales.
Sin embargo, han creado alarma en organizaciones de derechos civiles, como Liberty, la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) y CAGE, porque creen que demonizan a los musulmanes británicos y le dan al Gobierno demasiados poderes extrajudiciales.
'Insistir en las mismas políticas que han fracasado en combatir el terrorismo no hará sino alienar todavía más a los musulmanes', ha dicho en un comunicado Masud Shadjareh, presidente de la IHRC. 'Lo único que se conseguirá combatiendo el crimen al margen de las garantías del debido proceso es exarcerbar el problema y fortalecer la lógica equivocada de quienes cometen actos de terrorismo', ha agregado.
Estas leyes, sobre las que se debe pronunciar el Parlamento, están pensadas contra el nuevo enemigo público número uno de Londres, el grupo yihadista Estado Islámico, que domina partes de Siria e Irak y que en los últimos meses ha asesinado a varios rehenes occidentales decapitándolos, dos de ellos británicos.
'Estamos en medio de una lucha generacional contra una ideología terrorista mortífera', ha declarado Theresa May, ministra del Interior del Gobierno conservador de David Cameron. 'En una sociedad libre y abierta no se puede erradicar totalmente la amenaza del terrorismo, pero tenemos que hacer lo posible para reducir los riesgos, en consonancia con nuestros valores compartidos', ha asegurado.
El grupo Estado Islámico se ha convertido en un imán y cientos de jóvenes británicos se han sumado a sus filas. Si quieren volver, tendrán que pedir permiso a las autoridades británicas y estas podrían negárselo durante dos años.
Las condiciones, según el texto, es que existan 'sospechas razonables' de que 'el individuo está implicado, o lo ha estado, en actividades relacionadas con terrorismo fuera del Reino Unido' o que sea 'necesario' para 'proteger del riesgo de terrorismo a la gente en el Reino Unido'. Los sospechosos tendrán que aceptar y colaborar con su vigilancia estricta.
Asimismo, las nuevas leyes aumentarán la vigilancia de personas catalogadas como radicales por las autoridades e impedirán a las universidades invitar a extremistas. Además, tipifica como delito el pago, por parte de las aseguradoras, de rescates a organizaciones catalogadas como terroristas.
Las leyes tienen amplio apoyo en todos los partidos y prevén la creación de un comité que vigile que su aplicación no vulnera los derechos individuales.
Sin embargo, han creado alarma en organizaciones de derechos civiles, como Liberty, la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) y CAGE, porque creen que demonizan a los musulmanes británicos y le dan al Gobierno demasiados poderes extrajudiciales.
'Insistir en las mismas políticas que han fracasado en combatir el terrorismo no hará sino alienar todavía más a los musulmanes', ha dicho en un comunicado Masud Shadjareh, presidente de la IHRC. 'Lo único que se conseguirá combatiendo el crimen al margen de las garantías del debido proceso es exarcerbar el problema y fortalecer la lógica equivocada de quienes cometen actos de terrorismo', ha agregado.
