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Por: Revistaeyn.com
Paraguay comenzó a devolver dinero a los ahorristas de Ueno Bank mientras mantiene sin resolver el desenlace institucional de la crisis.
El Banco Central del Paraguay (BCP) puso en marcha el jueves 5 de noviembre los primeros pagos de la garantía de depósitos; ese mismo día, Santiago Peña presentó su renuncia, pero la sesión del Congreso convocada para tratarla quedó sin cuórum. El mandatario sigue formalmente en funciones y enfrenta un juicio político en el Senado.
La apertura de ambos procesos coloca al país ante dos urgencias: restablecer el acceso de los depositantes a sus recursos y resolver la responsabilidad política por una crisis bancaria que alcanzó a la Presidencia.
Los reintegros ofrecen una primera respuesta a los ahorristas, aunque todavía no permiten dar por concluida la restitución de fondos.
Quiénes comenzaron a recuperar sus depósitos
El comunicado del BCP del 5 de noviembre delimitó el primer grupo de beneficiarios mediante tres condiciones simultáneas: depósitos totales de hasta 10 millones de guaraníes, ausencia de deudas con Ueno y una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Para quienes cumplen esos requisitos, el desembolso cubre la totalidad de sus depósitos.
Los siguientes grupos serán anunciados conforme avance el procedimiento.
Última Hora informó que algunos clientes ya habían confirmado acreditaciones en las entidades receptoras. El inicio efectivo de las transferencias es relevante porque transforma el anuncio de protección en disponibilidad de dinero, aunque su alcance inicial está limitado al grupo identificado por el regulador.
El comunicado sobre el anticipo establece que quienes tengan cuentas en otras entidades recibirán los recursos en la de mayor saldo disponible; para quienes no dispongan de otra cuenta, se abrirá una a su nombre. También fija el inicio del pago dentro de las primeras 24 horas y un proceso de hasta cinco días hábiles.
Una renuncia pendiente y un juicio político en marcha
En el frente institucional, el dato decisivo es que la presentación de la renuncia no completó la salida de Peña. La sesión conjunta del Congreso terminó sin cuórum, dejando pendiente su tratamiento. Por eso, debe distinguirse entre una dimisión presentada, una renuncia aceptada y una destitución: al corte de esta información, ninguna de las dos últimas se había concretado.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves, con 78 votos, la acusación contra el presidente. Según la comunicación oficial de esa cámara, el libelo le atribuye conflictos de intereses por su participación en Ueno Holding, cuestiona la designación de Carlos Carvallo al frente del BCP y señala presuntas irregularidades en la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en Ueno. Son cargos formulados por los acusadores, pendientes de resolución en el procedimiento correspondiente.
Peña solicitó este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Argumentó que recibió la notificación a las 22:15 del jueves, acompañada de un libelo de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos, y consideró insuficiente responder en menos de 12 horas.
Última Hora recogió también su anuncio de que expondrá su versión ante la ciudadanía. ABC Color informó durante la mañana que correspondía al pleno del Senado resolver esa solicitud. Por tanto, el calendario del desenlace seguía sujeto a decisiones legislativas y al desarrollo de la defensa.
Por qué importa la vía de salida
La Constitución paraguaya establece que Diputados formula la acusación y el Senado juzga públicamente, con mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado. La consecuencia del juicio político es la separación del cargo; las eventuales responsabilidades penales corresponden a la Justicia ordinaria.
La diferencia entre renuncia y destitución también alcanza al estatus posterior del mandatario. El artículo 189 dispone que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, con voz y sin voto, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Si se produce la vacancia presidencial, el artículo 234 prevé que el vicepresidente complete el período constitucional.
Para los ahorristas, el próximo hito será la ampliación efectiva de los pagos. Para las instituciones, será resolver la continuidad presidencial con un procedimiento que permita establecer responsabilidades y ejercer la defensa.
La restitución del dinero y el desenlace político avanzan en paralelo: cada uno deberá ofrecer respuestas concretas para comenzar a recomponer la confianza.
