Finanzas

Banrural separa a directivo señalado en caso Cooptación del Estado

Tras la supuesta participación de Fernando Peña Pérez, Abner Fonseca y Edin Barrientos en el caso Cooptación del Estado, Banrural informó que fueron separados de sus funciones.

2016-06-06

Por estrategiaynegocios.net

Peña, expresidente ejecutivo del consejo de administración de Banrural, es señalado por las autoridades de lavado de activos, para lo cual habría requerido el apoyo de Fonseca, gerente de negocios, y de Barrientos, directivo de la entidad, quienes fueron capturados el pasado jueves.

Banrural "reconoce la labor de las instituciones responsables de los procesos de investigación y reitera que el Consejo de Administración mantiene su irrestricta apertura y transparencia (…)", destaca el comunicado. Otros implicados, que no se mencionan en el comunicado, son: Abner Fonseca, gerente de negocios; Edín Barrientos, miembro del concejo y Julio Aldana, negociador.

Peña Pérez es originario de Alta Verapaz, trabajó en los movimientos de cooperativas de comercialización de cardamomo y café. En 1997 fue llamado a dirigir la transformación del Banco de Desarrollo Agrícola (Bandesa) a Banrural, donde desempeñó diversos cargos ejecutivos durante 19 años, informó Prensa Libre.

Bandesa tenía como objetivo impulsar el desarrollo agrícola con el otorgamiento de créditos y préstamos a los pequeños y medianos productores y administraba fondos públicos. Sin embargo, por mala administración, fue objeto de estafas y varios de los beneficiarios de los préstamos incumplieron con la devolución de los recursos, que al final lo llevaron a la quiebra financiera.

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comentó que los banqueros sindicados en el caso Cooptación del Estado se deriva a financiamiento ilícito de campaña electoral.

Caso Cooptación del Estado

Según investigaciones, el Partido Patriota (PP) habría negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones (US$65,5 millones) en sobornos.

Esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.

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