El Comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para presentar las prácticas y mecanismos de otorgamiento de recursos a las agrupaciones partidistas.
Según ha explicado Velásquez, la mayor parte del financiamiento de partidos políticos está sostenido por la corrupción. También ha comentado que existe una alta impunidad para los delitos electorales.
La debilidad en los controles, con limitaciones institucionales de la autoridad electoral, y el modo de gasto, abren la puerta al financiamiento ilícito, según Velásquez.
A su juicio, existe un financiamiento excesivo y poco regulado, con un gasto electoral excesivo y poco regulado, que conduce a "poca equidad en la competencia. Los que movilizan más dinero, mueven más votos", ha dicho.
Con esta financiación, "puede darse que gobernantes tomen decisiones favorables no a la mayoría, sino a personas y grupos particulares". El comisionado ha aseverado que la sociedad guatemalteca debe realizar un "debate profundo", señalando la necesidad de limitar las campañas electorales "en tiempo y recursos", reduciendo el financiamiento privado, que no supere el 20% del total.
"Los partidos con éxito son los que no explican origen de sus fondos", ha aseverado el comisionado de la CICIG, que también ha dicho que los partidos grandes invierten cientos de millones de quetzales sin explicar el origen de sus fondos. "Cualquier fondo que se haga de manera anónima constituye un delito", y ha explicado que la mayor parte del financiamiento ilícito procede de la corrupción.
"Para financiar campañas, se han constituido y creado redes político-económicas ilícitas que han constituido empresas, ONGs, que a través de prácticas políticas ilícitas ocupan transacciones para su propio beneficio", ha dicho Iván Velásquez.
Este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado los partidos, que dependen de posibilidad de traer financistas y candidatos "que se unan no por lo ideológico, sino por beneficios temporales", por lo que no hay lealtad única partido, lo que explica el "excesivo transfuguismo parlamentario"
Respeto al financiamiento público, Velásquez cree debe ser regulado y fiscalizable, fortaleciendo institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y ha apuntado que Contraloría General de Cuentas, la de bancos, y la SAT deben trabajar en conjunto; además de que hay que poner límites al secreto bancario "para mejorar los flujos de campañas electorales".
"Entendiendo que las reformas son un proceso, la CICIG estima que dadas las reflexiones en este informe debe apoyarse el sistema de Reformas a Ley electoral, de partidos políticos constituyen un paso importante, una opción real para iniciar la reforma de un sistema político urgido de un profundo cambio" ha concluido.
