La fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, MP, en coordinación con la PNC, llevó a cabo la captura de Lilian Virgina Laparra Rivas, jefe de la agencia de la Fiscalía Contra la Impunidad, FECI, de Quetzaltenango, en la continuación de una serie de acciones del propio MP en contra de personal de dicha fiscalía, encargada de combatir la corrupción en el país.
En las últimas semanas se han girado varias órdenes de captura contra agentes fiscales de la FECI en Guatemala y esta es la primera acción contra personal en la agencia de Quetzaltenango, que se creó para ampliar la lucha anticorrupción en el interior del país, tomando en cuenta la gran cantidad de denuncias que se presentan en contra de alcaldes municipales y otras autoridades departamentales o municipales.
Según la versión oficial, la fiscal Laparra Rivas, fue detenida "por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. La investigación de la fiscalía deriva de una denuncia presentada en la cual se indica que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de primera instancia penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias".
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Sin embargo, la versión oficial no señala quién habría presentado dicha denuncia.
Varios fiscales y empleados de la FECI han renunciado en las últimas semanas, no sin antes denunciar que existe una conspiración de la fiscal general, Consuelo Porras, para desbaratar toda la organización que durante años se creó para llevar a cabo investigaciones eficientes en los casos de corrupción.
El fiscal Carlos Antonio Videz Navas, quien forma parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci, del Ministerio Público, MP, de Guatemala ha salido recientemente del país y ha denunciado "persecución" contra las personas que luchan contra la corrupción en el país.
El fiscal estuvo presente en el interrogatorio del ‘Testigo A’, una persona que testificó bajo anonimato un caso de corrupción que implica al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que habría acordado junto al exministro de Comunicaciones José Luis Benito el cobro de 20 millones de quetzal -cerca de 2,2 millones de euros- para su campaña electoral.
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El caso, previamente denunciado a través de la prensa, vincula a Giammattei con actos de corrupción perpetrados junto a Benito, en prisión preventiva por el caso ‘Libramiento de Chimaltenango’, con el que habría recaudado este dinero a partir de sobornos por la adjudicación de contratos a varias constructoras.
La fiscal general Consuelo Porras resaltó que "la persona a quien se menciona en la publicación como ‘Testigo A’ presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones".
Videz Navas anunció el domingo su renuncia al MP y su probable salida del país previniendo que se atentase contra su vida y para evitar ser "una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones", según ha recogido el diario ‘Prensa Libre’.
"Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes. Las investigaciones no avanzan contra ciertas personas", ha señalado.
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Esta salida se produce en el marco de varias denuncias de entramados de corrupción en el país. La semana pasada, Estados Unidos mostró su preocupación por la decisión del MP de "criminalizar y maltratar de forma inaceptable" a abogados independientes que denuncian estos casos.
Sin embargo, la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, ha negado que se esté criminalizando a abogados independientes. Porras se refirió así a la detención de varios abogados, entre los que se encuentran Leily Santizo, antigua mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una entidad de la ONU que fue disuelta en 2019.
