La reiteración prolongada de su crisis política pareciera ser la consigna fatal que vive el gobierno guatemalteco en estos momentos. Los actores clave -Otto Pérez Molina y la clase política en el poder- sorprenden por su falta de límites.
Ni la crisis del autogolpista Jorge Serrano Elías en 1993, ni el terremoto político provocado por el crimen y video escándalo del abogado Rodrigo Rosemberg durante el gobierno de álvaro Colom en 2009, se extendieron tanto ni generaron tanta incertidumbre en cuanto a sus rutas de salida. Tampoco generaron esta gran movilización y expectativa ciudadana.
En un ejercicio de análisis de escenarios previo -mayo 2015- advertíamos sobre la alta incertidumbre de la crisis política guatemalteca, planteando tres escenarios posibles y sus tendencias. Los escenarios presentados fueron: equilibrio precario, administración de la crisis y rompimiento institucional.
El análisis convergía hacia dos tendencias: la moderada en la combinación del primer escenario con el segundo; y la tendencia más crítica en la combinación del primero con el tercer escenario y que advertía dos salidas posibles la institucional y la rupturista.
Lea también: Llegó la hora del nunca más a la corrupción en América Latina.
Una mirada atenta de los últimos acontecimientos en el escenario político: la captura y prisión preventiva de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y la solicitud de antejuicio contra el Presidente Pérez Molina este viernes 21, derivadas de las investigaciones por parte de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público en el llamado caso La Línea, sumados al resurgimiento de las protestas ciudadanas y varios procesos penales en curso contra candidatos a los comicios de septiembre, entre ellos el abierto contra Manuel Barquín vicepresidenciable del partido puntero LIDER, por lavado de dinero, evolucionan a la segunda de las tendencias indicadas (la tendencia más crítica).
Por supuesto como en todo ejercicio prospectivo, hay ciertos matices que se deben puntualizar.
Las condiciones de ocurrencia del escenario de tendencia crítica se han cumplido en términos generales: enjuiciamiento de la ex vicepresidenta y -probablemente- del presidente, prolongación y reactivación de las protestas ciudadanas -18 semanas consecutivas-, cierre de filas del empresariado contra el Ejecutivo, y posición más enérgica del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Pérez Molina.
Los matices
1. Las investigaciones de Cicig y MP han avanzado hasta la implicación de la ex vicepresidenta Baldetti aunque no totalmente hacia el presidente, que tiene todavía a su favor la carta de negociar el derecho de antejuicio que le otorga inmunidad, activando la alianza legislativa que hasta ahora ha sostenido con el partido LIDER (mayoría parlamentaria). No obstante, esta alianza se da en el contexto de un Congreso más debilitado y deslegitimado que hace tres meses - de hecho su condición actual es producto en gran parte de su rechazo a retirar la inmunidad al presidente en el proceso de antejuicio previo-.
2. La posición del empresariado que en sus últimas declaraciones exigió al mandatario "la renuncia inmediata" y cierra filas también ahora contra el Congreso.
3. La actitud de Washington a través de su Embajador Todd Robinson, cada vez más demandante, que ha tomado distancia del gobierno en el último mes, acercándose más a las exigencias de la sociedad civil.
En cuanto a las salidas, hay dos posibles: la vía institucional aplicando una fórmula de gobierno provisional dirigido por el actual vicepresidente Alejandro Maldonado, con cierta legitimación -solución que algunos sectores sobre todo académicos y políticos apoyan apelando al artículo 21 transitorio de la Constitución Política-; o por el contrario la rupturista -golpe de estado- con las consecuencias ya indicadas en el análisis de mayo.
Lo anterior dependerá de la variación de los siguientes factores en su orden: la actitud política del presidente en las próximos días frente a las acusaciones de Cicig; la eficacia y agilidad del sistema de justicia; la voluntad de solución o de prolongación de la crisis por parte del Congreso -hasta el momento ha mostrado un marcado atrincheramiento- así como de la Corte de Constitucionalidad y la permanencia, profundización y temperamento de las movilizaciones ciudadanas, que todo apunta, tendrán un resurgimiento natural.
Cabe agregar, un último factor crítico que abona la tendencia anterior, algunos sectores de la sociedad guatemalteca -como el empresariado- sostenían la visión de que las elecciones generales del 6 de septiembre funcionarían como una salida de válvula de escape a la crisis política.
Pero en las condiciones actuales con el enjuiciamiento de partidos y candidatos, atrasos en la impresión de papeletas, ausencia de sondeos confiables y sobre todo el altísimo desencanto ciudadano hacia la clase política por su escandalosa corrupción, el proceso podría desembocar en alto abstencionismo y/o con resultados muy deslegitimados que generarán aún mayor inestabilidad e ingobernabilidad en las próximas semanas o meses.
