Estados Unidos sancionó a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega, a quien señala de "responsabilidad" y "complicidad" con los "serios" abusos de los derechos humanos en Nicaragua.
La orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluye a Néstor Moncada Lau un colaborador cercano de la pareja presidencial.
Murillo y Moncada ya están incluídos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y estarán impedidos de entrar a Estados Unidos y tienen prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses.
"La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta Administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Todos los "bienes", "intereses" y cuentas bancarias de Murillo y Moncada en Estados Unidos "están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagado, exportado, retirado o tratado de otra manera", según la orden ejecutiva.
Mnuchin añadió que "el Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense".
¿Quién es Néstor Moncada?
Néstor Moncada Lau ("Chema"), es el custodio de la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberacón Nacional. Abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo.En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en que murió el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas. El 10 de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional "por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores".
Con el retorno de Ortega al poder en 2007, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al Secretario General del FSLN.
Su ámbito de acción como operador del poder, se extiende al Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la Dirección General de Ingresos, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y de paso facilitó la caída del coronel Lenin Cerna de su cargo como Secretario de Organización del FSLN.
Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial, describe el portal confidencial.com.ni.
Crece lista de sancionados
Murillo y Moncada Lau son los dirigentes de más alto rango en el gobierno nicaragüense enlistados en la OFAC, pero no son los únicos, se unen así a otros nicaragüenses que han sido incluidos en esa lista, comenzando por el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, el 21 de diciembre pasado, por considerar que estaba envuelto "en serios abusos a los derechos humanos o corrupción", basado en la Ley Global Magnitsky.La sanción a Rivas llegó después que la embajada de ese país en Managua advirtiera a las empresas estadounidenses que mantienen negocios con Albanisa, que deberían revisar sus acuerdos comerciales con esa empresa binacional, para asegurarse que no estaban violando las sanciones que el presidente de ese país, Donald Trump, impuso a Petróleos de Venezuela, (Pdvsa).
Si bien Rivas perdió poderes de forma temporal en febrero de este año, la administración Ortega lo destituiría unos cinco meses después.
El 5 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a otras tres figuras del régimen entre la lista de sancionados, siendo el de mayor nivel el comisionado general Francisco Díaz, entonces director de facto de la Policía Nacional, consuegro de la pareja presidencial, quien habría "participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua", según una declaración del portavoz del Departamento de Estado.
El segundo en orden de importancia es Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y secretario de organización del Frente Sandinista, a quien se señala dirigiendo "actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense".
El tercero fue Francisco "Chico" López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN, el que "ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno", según la declaración del portavoz del Departamento de Estado.
Si bien Díaz fue ascendido a la jefatura de la Policía Nacional, y no se conoció que hubiera afectaciones directas para Moreno en la Alcaldía capitalina, López "renunció" a sus cargos como presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y como presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Unos días después, el Acuerdo Presidencial 105 - 2018, le quita a López "la representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur)".
Ser incluido en la lista OFAC representa serios quebraderos de cabeza financieros para los funcionarios distinguidos con esa opción, lo que incluye la congelación de los bienes que pueda tener en Estados Unidos, la prohibición a las empresas de ese país de hacer negocios con ellos, y hasta que los bancos nacionales se abstengan de relacionarse con esas personas para evitarse sanciones, además del riesgo reputacional que implica asociar el nombre de una empresa o empresario, con alguien que está en una lista mundial de corruptos.
Con información de El Confidencial.
