Por Agencia EFE
La empresa mexicana de medios del Grupo Salinas, TV Azteca, anunció que recurrirá a un concurso mercantil voluntario como “herramienta legal” para “sanear las finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”, así como asegurar la continuidad de la compañía.
En un comunicado, la compañía del empresario Ricardo Salinas señaló que la industria de la televisión en México y a nivel global atravesó “transformaciones profundas”, derivadas de la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital, en un entorno que presionó su modelo de negocio.
TV Azteca expuso que, además de esos cambios, enfrentó retos financieros como el desembolso de más de 3.800 millones de pesos en 2018 por el pago de licencias (unos US$211 millones), y el impacto de la pandemia de covid-19, que afectó la inversión publicitaria y las ventas.
La empresa añadió que en 2021 inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida deuda en moneda extranjera, y que desde entonces privilegió el diálogo para alcanzar un “acuerdo justo” con sus contrapartes.
A ello sumó el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, que dijo haber liquidado “en su totalidad”, con un impacto “financiero significativo” adicional.
Sobre este mecanismo legal, el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, afirmó que el concurso mercantil permite, bajo supervisión de un juez, reordenar pasivos “de manera estructurada y equitativa” conforme a la capacidad de pago.
Asimismo, detalló que busca preservar el valor de la compañía y facilitar el cumplimiento ordenado de obligaciones sin interrumpir operaciones, lo que dijo, “demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.
Por su parte, Grupo Salinas también señaló, en una publicación en redes sociales, que TV Azteca ha “enfrentado y superado” desafíos previos, y recordó el pago a acreedores de Estados Unidos que le reclaman casi US$600 millones y el reciente fallo que le obliga a pagar al Fisco mexicano 32.132 millones de pesos (unos US$1.785 millones) en un esquema de parcialidades, tras un litigio de años.
