Por revistaeyn.com
Estados Unidos anunció en las últimas horas de ayer jueves 26 de febrero un nuevo paquete de sanciones dirigido no solo a altos funcionarios del régimen que conducen Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también a sus propios hijos, en lo que analistas interpretan como un endurecimiento de la política de presión sobre la dictadura nicaragüense y su red de control político y económico.
Las medidas incluyen bloqueo de activos y restricciones financieras internacionales a miembros directos de la familia presidencial, identificados por el Departamento del Tesoro como piezas clave para sostener y financiar la represión del régimen en Nicaragua. Estas acciones llegan en un contexto de mayor presión regional tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y consolidan la tendencia de Washington de aislar dictaduras autoritarias en América Latina.
Sancionados: familia y funcionarios bajo la lupa
El nuevo paquete de sanciones se suma a otras medidas previas adoptadas por el gobierno de EE.UU. y comienza a extenderse hacia redes económicas y corporativas enteras controladas por la familia Ortega-Murillo. Las últimas designaciones incluyen a:
Rafael, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, señalados por manejar conglomerados empresariales implicados en operaciones financieras ilícitas y en proveer servicios clave al aparato estatal represivo, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Cinco altos funcionarios del gobierno nicaragüense, sobre quienes el Teoso estadounidense señaló que “lideran las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares” del país, utilizadas para permitir la represión y abusos sistemáticos de derechos humanos. Los cinco sancionados son: el mayor general Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (DICIM); el mayor general retirado Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el excomisionado general Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF; Johana Vanessa Flores Jiménez, titular del Ministerio del Trabajo y Celia Reyes Ochoa, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor).
Las actuales sanciones incluyen bloqueos de bienes y prohibiciones de operar con entidades y personas bajo jurisdicción estadounidense, lo que complica aún más las operaciones globales de la familia y sus negocios, desde medios de comunicación hasta empresas petroleras y de seguridad.
Anteriormente, Washington ya había aplicado restricciones de visado a más de 250 integrantes del gobierno de Ortega-Murillo, y a miles de agentes estatales y paramilitares vinculados a la represión.
Efecto cascada: de Venezuela a Nicaragua
Analistas regionales sostienen que la escalada de sanciones contra la familia Ortega-Murillo representa un alineamiento de política exterior estadounidense más amplio y coordinado, donde la presión sobre dictaduras se articula con sanciones económicas, restricciones financieras y acciones diplomáticas, como se vio recientemente con Caracas. Este enfoque pretende:
-Desarticular redes de corrupción y lavado de dinero vinculadas a élites gobernantes.
-Dificultar el financiamiento externo de aparatos represivos.
-Coordinar sanciones con aliados como la Unión Europea y Suiza para aumentar el impacto global.
