Por estrategiaynegocios.net
El sector privado llamó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a retomar el diálogo y aceptar una solución negociada a la crisis que comenzó en abril, que pasaría por reformar el Consejo Supremo Electoral (CSE), adelantar los comicios y suspender los actos de represión.
En un comunicado firmado por los consejeros y presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), se deja claro que de continuar la crisis, la economía continuará deteriorándose en Nicaragua, afectando a los sectores más vulnerables, incluidas las miles de familias que están en el desempleo o que han abandonado el país, sobreviviendo en condiciones precarias.
"En el sector privado reiteramos que la solución debe incluir retomar las reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos, y con el asesoramiento y apoyo de esa organización implementar las mismas, incluyendo cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral, y los pasos necesarios para asegurar la realización de elecciones libres, justas, adelantadas y con observación nacional e internacional independiente", plantea el sector privado a Ortega, en una carta pública.
Esta es la segunda carta emitida por la máxima representación del empresariado en Nicaragua, tras la del 29 de mayo.
Las entidades recuerdan que desde el 29 de mayo a la fecha la crisis en Nicaragua ha empeorado, aumentando la cifra de muertes violentas, detenciones y juicios a protestantes.
Añaden que la economía sufre cada vez más, aumentando el riesgo cambiario y provocando incertidumbre y pérdida de confianza.
Hay "una dramática reducción de la actividad económica, una contracción sin precedentes del sistema financiero, con una marcada reducción en los depósitos y el crédito y un aumento relevante del riesgo cambiario, lo que está incidiendo en una importante disminución de la inversión nacional y extranjera, con el consecuente deterioro de las calificaciones de riesgo del país y por tanto de la imagen del país", indicó el sector privado.
En su carta, los líderes de los gremios empresariales reconocieron que "se han encarcelado y enjuiciado sin respeto al debido proceso a cientos de nicaragüenses que participaron en las protestas o por ejercer simplemente sus derechos constitucionales".
Los empresarios también destacan que la crisis "ha sido acompañada de una reducción del apoyo, y de imposición de sanciones, por parte de la comunidad internacional".
Este martes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Nica Act, que impone una serie de sanciones económicas al gobierno de Nicaragua. Esa ley queda ahora en manos del mandatario Donald Trump, quien tiene 10 días para sancionarla.
El empresariado se declaró consciente de que en Nicaragua ha ocurrido un deterioro de la libertad de expresión, de prensa y movilización, y que las consecuencias económicas de la crisis han sido severas.
Funides ha calculado que se han perdido más de 300.000 empleos durante la crisis.
Debido al difícil contexto por el cual transita Nicaragua, los empresarios reiteraron en su carta a Ortega que es imprescindible buscar una solución pacífica a la crisis, "que tome en cuenta lo que la mayoría de los nicaragüenses anhelamos".
El sector privado agrega que se requiere de voluntad política del gobierno para alcanzar un acuerdo.
"Es igualmente vital que cese la represión en el país. Las libertades deben asegurarse. Debe promoverse una cultura de verdadera tolerancia y reconciliación donde no haya más cabida para los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", piden los empresarios.
Con información de El Nuevo Diario .
El sector privado llamó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a retomar el diálogo y aceptar una solución negociada a la crisis que comenzó en abril, que pasaría por reformar el Consejo Supremo Electoral (CSE), adelantar los comicios y suspender los actos de represión.
En un comunicado firmado por los consejeros y presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), se deja claro que de continuar la crisis, la economía continuará deteriorándose en Nicaragua, afectando a los sectores más vulnerables, incluidas las miles de familias que están en el desempleo o que han abandonado el país, sobreviviendo en condiciones precarias.
"En el sector privado reiteramos que la solución debe incluir retomar las reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos, y con el asesoramiento y apoyo de esa organización implementar las mismas, incluyendo cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral, y los pasos necesarios para asegurar la realización de elecciones libres, justas, adelantadas y con observación nacional e internacional independiente", plantea el sector privado a Ortega, en una carta pública.
Esta es la segunda carta emitida por la máxima representación del empresariado en Nicaragua, tras la del 29 de mayo.
Las entidades recuerdan que desde el 29 de mayo a la fecha la crisis en Nicaragua ha empeorado, aumentando la cifra de muertes violentas, detenciones y juicios a protestantes.
Añaden que la economía sufre cada vez más, aumentando el riesgo cambiario y provocando incertidumbre y pérdida de confianza.
Hay "una dramática reducción de la actividad económica, una contracción sin precedentes del sistema financiero, con una marcada reducción en los depósitos y el crédito y un aumento relevante del riesgo cambiario, lo que está incidiendo en una importante disminución de la inversión nacional y extranjera, con el consecuente deterioro de las calificaciones de riesgo del país y por tanto de la imagen del país", indicó el sector privado.
En su carta, los líderes de los gremios empresariales reconocieron que "se han encarcelado y enjuiciado sin respeto al debido proceso a cientos de nicaragüenses que participaron en las protestas o por ejercer simplemente sus derechos constitucionales".
Los empresarios también destacan que la crisis "ha sido acompañada de una reducción del apoyo, y de imposición de sanciones, por parte de la comunidad internacional".
Este martes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Nica Act, que impone una serie de sanciones económicas al gobierno de Nicaragua. Esa ley queda ahora en manos del mandatario Donald Trump, quien tiene 10 días para sancionarla.
El empresariado se declaró consciente de que en Nicaragua ha ocurrido un deterioro de la libertad de expresión, de prensa y movilización, y que las consecuencias económicas de la crisis han sido severas.
Funides ha calculado que se han perdido más de 300.000 empleos durante la crisis.
Debido al difícil contexto por el cual transita Nicaragua, los empresarios reiteraron en su carta a Ortega que es imprescindible buscar una solución pacífica a la crisis, "que tome en cuenta lo que la mayoría de los nicaragüenses anhelamos".
El sector privado agrega que se requiere de voluntad política del gobierno para alcanzar un acuerdo.
"Es igualmente vital que cese la represión en el país. Las libertades deben asegurarse. Debe promoverse una cultura de verdadera tolerancia y reconciliación donde no haya más cabida para los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", piden los empresarios.
Con información de El Nuevo Diario .
