La Asamblea Nacional canceló este jueves 2 de junio la personería jurídica de otros 96 organismos sin fines de lucro, entre ellos la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) —que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo, hija de la pareja gobernante en Nicaragua—; el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), que es considerado el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); y la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep. Las oenegés son señaladas de no registrarse como agentes extranjeros e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo.
La cancelación —aprobada con 75 votos de la bancada del Frente Sandinista Liberación Nacional, 14 abstenciones y dos presentes— supone la desaparición de la mayoría de estas oenegés; sin embargo, existen excepciones, ya que algunos de estas organizaciones —como el INDE y la Conapro— también se encuentran registradas ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), por lo que la derogación de su personería jurídica no implicará el cierre.
Un portavoz del INDE explicó a la agencia Efe que desde 2014 la institución no está registrada como una ONG, y que se encuentra regulada por el registro de Cámaras, Federaciones, Confederaciones Empresariales del Mific, no por el Ministerio de Gobernación (Migob), que es el que rige las organizaciones no gubernamentales. Por ese motivo, la cancelación de la personalidad jurídica “no perjudica su estatus jurídico actual y, por lo tanto, continúa operando normalmente”, sostuvo.
El INDE, que se autodefine como “una organización que promueve y defiende la importancia económica y social de la empresa privada”, fue fundado en 1963, y desde entonces ejecuta programas de desarrollo comunal y familiar, a través del financiamiento de empresas, apoyo a jóvenes emprendedores y redes de profesionales que responden a la demanda del país.
La cancelación masiva de personerías jurídicas no generó ningún debate en el Parlamento. Los miembros de la Junta Directiva leyeron el decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Migob —que alega que las entidades canceladas “han transgredido e incumplido con sus obligaciones” y han “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza a esas entidades— y automáticamente los legisladores procedieron a aprobarlo.
La oenegé que dirigió Zoilamérica
En la nueva lista de organismos cancelados se destaca el CEI, del fue vicepresidenta y directora ejecutiva Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega e hija de su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo.
La hijastra de Ortega —quien en agosto de 1998 acusó al mandatario de haberla violado de forma constante desde que tenía nueve años, caso que fue archivado en 2001 por la justicia aduciendo que había prescrito— huyó al exilio en Costa Rica tras considerarse perseguida por el Estado nicaragüense.
El CEI fue creado un 9 de marzo de 1990 durante el período de transición del primer régimen sandinista (1979-1990), ante los oficios notariales de Luis Ezequiel Alvarado Ramírez, que fue embajador de Nicaragua ante la OEA hasta el 27 de octubre del año pasado.
El 24 de marzo de 1990, el Parlamento, controlado entonces por los sandinistas, aprobó el decreto que le otorgó la personalidad jurídica al CEI, 31 días antes de que Ortega entregara el poder a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
Esa fundación comenzó a operar legalmente el 3 de abril de 1990 luego de que el actual mandatario publicara el decreto en el Diario Oficial La Gaceta.
Otras organizaciones disueltas por el Parlamento fueron la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.
La cruzada contra las oenegés
Actualmente el régimen Ortega-Murillo mantiene una cruzada contra los organismo sociales que ha dejado 452 oenegés canceladas desde 2018, de las cuales 378 han sido liquidadas en lo que va de 2022.
Según el diputado Filiberto Rodríguez, promotor de las cancelaciones, se trata de un “ordenamiento” dirigido a combatir el lavado de activos y a castigar a las organizaciones que se involucraron en las protestas de 2018, que el régimen define como un intento de golpe de Estado.
Rodríguez cita un informe del Migob en el que argumenta que las oenegés supuestamente han incumplido por no inscribirse “en el registro de agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por los sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Además, según Gobernación, esas oenegés han violentado la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado; así como la Ley Contra el Lavado de Activos.
