El Acuerdo de Escazú cuyo nombre oficial es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Tiene como objetivo garantizar en la región , la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental, Participación Pública en los procesos de toma de Decisiones Ambientales y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
Lea más: ¿Quién era Berta Cáceres? La hondureña que entregó su vida por el ambiente
Fue firmado después de cuatro años de negociación, y el 27 de septiembre de 2018 se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, estando a partir de ese momento sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan firmado. A la fecha 5 países han ratificado el acuerdo (Bolivia, Guyana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay).
Otros 17, incluyendo a Colombia que lo suscribió en el mes de diciembre, lo han firmado pero están pendientes de su ratificación. Para entrar en vigor y que sea vinculante se requerirá que 11 Estados Parte lo ratifiquen. Un año después de suscribir el Acuerdo de Escazú, ningún país Centroamericano lo ha ratificado. Fue firmado por Guatemala, Nicaragua y Costa Rica; El Salvador y Honduras están pendientes de suscribirlo.
Con el objetivo de discutir estrategias para promover la ratificación del Acuerdo de Escazú, se realizó en Guatemala en noviembre el XI Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina. Participaron expertos de 11 países de la región, representantes de Gobierno, Sector Privado, Sociedad Civil y Pueblos indígenas.
Durante el Foro, Patricia Madrigal Ex Vice Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, señaló que este Acuerdo tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y está fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, el cual busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.
¿EXTRACTIVISMO O NEOEXTRACTIVISMO?
La experta internacional Aleida Azamar, Doctora en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, planteó un cambio en la visión para pasar del Extractivismo al Neoextractivismo.Afirmó que el Extractivismo es el proceso a partir de la extracción, grandes volúmenes de recursos naturales que en su mayoría son destinados a mercados internacionales y dependen de inversiones extranjeras. Asimismo refirió que en la mayoría de los casos el beneficio para las comunidades y sus poblaciones es mínimo, y que la mayoría viven en situaciones de pobreza y precariedad sin acceso a servicios básicos.
Lea también: Industria de la moda busca minimizar impacto ambiental
Propuso una apuesta por el Neoextractivismo, con políticas que fortalecen el papel del Estado en la explotación y la propiedad de los recursos, así como mayor control de la explotación en beneficio de la protección del medio ambiente y beneficios para las comunidades.
Por su parte Yolanda Kakabadse, representante del Consejo Asesor de la Fundación Futuro Latinoamericano, destacó la importancia de suscribir el Acuerdo de Escazú y que los Estados no pierdan la oportunidad de hacerlo. Señaló que "En 1992 América Latina dejó pasar un momento muy importante, para nuestra región como fue la Cumbre de la Tierra, su participación fue tibia. En la región -desde México hasta la Patagoniahabía muchos conflictos, muchos de ellos innecesarios y los líderes no sabían cómo responder a ellos".
Kakabadse añadió: "Los temas y problemas ambientales no pertenecen a ninguna nación, sobrepasan las fronteras y se deben trabajar regionalmente. Es necesario entender los conflictos, luego capacitar a la población para poder enfrentarlos. En América Latina hay una crisis de gobernanzas en donde los gobiernos no han sabido canalizar las frustraciones de la sociedad y no han podido armar plataformas donde se trabaje el conflicto. Este foro apunta a tener una red latinoamericana donde podamos trabajar para poder manejarlo".
UN TEMA DE ALTA CONFLICTIVIDAD
En los últimos años, Centroamérica ha enfrentado múltiples conflictos relacionados a la industria extractiva. El informe anual de Global Witness ¿Enemigos del Estado?, presentado en julio de 2019 registró ataques contra defensoras y defensores del medio ambiente y revela que 164 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo en 2018, un promedio de más de tres asesinatos por semana. Según el informe el mayor aumento en la cantidad de asesinatos se produjo en Guatemala en donde se registraron 16 asesinatos, cinco veces más que el año anterior, lo que lo convierte en uno de los países más sangrientos per cápita.
Global Witness también refiere la condena emitida por la justicia hondureña por el asesinato de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres en 2016. En noviembre de 2018 siete hombres fueron declarados culpables de asesinarla. El tribunal dictaminó que ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ordenaron el asesinato por las largas demoras y pérdidas financieras que tuvieron, como resultado de las protestas que ella encabezó.
En Guatemala la Corte de Constitucionalidad ha emitido 11 sentencias sobre casos relacionados con la necesidad de realizar consultas comunitarias previo a la realización de proyectos extractivos. En julio de 2017 el ex-presidente Jimmy Morales presentó la "Guía operativa" para la consulta a pueblos indígenas, con lineamientos básicos a los funcionarios para realizar ese proceso. Se anunció como parte del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el cual requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos.
RUMBO A LA RATIFICACIóN DEL ACUERDO
Entre las acciones apoyadas por la CEPAL, el pasado mes de octubre se reunieron en San José Costa Rica representantes de los 21 países firmantes para verificar los avances del acuerdo. Asimismo, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25, realizada en Madrid, jóvenes de América Latina y el Caribe, llamaron a los gobiernos de todo el mundo a declarar la emergencia ambiental y ecológica y garantizar la inclusión y participación de los pueblos ancestrales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, en las medidas para enfrentar el cambio climático.Pidieron la ratificación del Acuerdo de Escazú, considerándolo un tratado único en el mundo para proteger a los líderes ambientales y fortalecer su labor. El XI Foro regional finalizó con una declaratoria suscrita por 28 organizaciones, la cual cita "quienes desde diferentes sectores en América Latina buscamos la transformación de Conflictos Socioambientales, habiendo evaluado el aumento de estos y la creciente espiral de violencia que los caracteriza, solicitamos a nuestros gobiernos la pronta firma y ratificación del Acuerdo de Escazú. La creciente conflictividad social en varios países de la región subraya la importancia de su firma y ratificación".
