Por revistaeyn.com
Amnistía Internacional (AI) declaró como “presos de conciencia” a tres figuras prominentes de la sociedad civil de El Salvador: la abogada Ruth Eleonora López, el defensor ambiental Alejandro Henríquez y el pastor comunitario José Ángel Pérez.
El término “presos de conciencia” se refiere a personas que han sido detenidas, encarceladas o reprimidas por sus creencias, identidad o carácter personal, siempre que no hayan recurrido a la violencia.
Esta declaración se enmarca en un contexto de creciente represión y criminalización de voces críticas durante el segundo mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. AI exigió la liberación inmediata e incondicional de estas personas, subrayando que han sido detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
Desde que Bukele asumió su segundo período presidencial, El Salvador ha registrado un alarmante incremento en el hostigamiento y la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Según AI, estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático diseñado para silenciar a quienes denuncian abusos y demandan transparencia en la gestión pública.
El debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho comenzó con la destitución irregular, en mayo de 2021, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General. Posteriormente, se impuso el retiro obligatorio de jueces y fiscales mayores de 60 años, sin procesos transparentes ni criterios técnicos, lo que socavó gravemente la independencia judicial.
NUMEROSAS CAPTURAS
En febrero de 2022, se instauró el régimen de excepción, que hasta la fecha ha sido prorrogado en más de 39 ocasiones sin evaluación ni debate público. Bajo este marco excepcional, más de 86,000 personas han sido apresadas, generando una crisis carcelaria sin precedentes y numerosas denuncias de tortura y malos tratos.
Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 con acusaciones iniciales de peculado. Quince días después, la Fiscalía General de la República sustituyó el delito por enriquecimiento ilícito. Su detención, realizada bajo reserva judicial y sin las garantías mínimas de un proceso justo, ha sido condenada por diversos mecanismos de protección regionales y universales.
Por su parte, Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental, fue arrestado el 13 de mayo de 2025 durante una protesta pacífica en la comunidad El Bosque, que enfrenta un desalojo forzoso que afectaría a más de 300 familias. Desde su detención, se le ha negado el acceso pleno a su defensa legal y a información sobre su situación procesal.
El mismo día, las fuerzas de seguridad detuvieron al pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque. Con más de 25 años de labor al servicio de su comunidad, Pérez ha acompañado a sus feligreses en la defensa de sus derechos.
Los datos de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos revelan un incremento exponencial de agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas: 100 casos documentados en 2020, 185 en 2021, 182 en 2022, 226 en 2023 y 533 en 2024, lo que supone un aumento del 433 % en comparación con 2020. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros impone gravámenes y sanciones que facilitan la disolución de ONG y restringen arbitrariamente la libertad de asociación y de expresión.
Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, condenó las detenciones como parte de “un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia”.
Asimismo, Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, advirtió que “El Salvador atraviesa un punto de quiebre”, donde la cooptación institucional y las reformas regresivas han legitimado un sistema destinado a reprimir la disidencia y criminalizar la pobreza.
Frente a esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que utilice todos los medios a su alcance y exija a las autoridades salvadoreñas el cese inmediato de la persecución de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones independientes.
