Por: Revistaeyn.com - Agencias
Brasil llega al último mes de su campaña presidencial con dos certezas cada vez más difíciles de separar: la elección está abierta y el Poder Judicial, llamado a arbitrar una competencia de máxima tensión, atraviesa una crisis que amenaza con convertirlo en protagonista de las urnas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aparecen empatados con el 41% de las preferencias en una eventual segunda vuelta, según una encuesta de Quaest difundida este 7 de septiembre.
Es la señal más clara hasta ahora de que la ventaja del mandatario se ha evaporado y de que el apellido Bolsonaro conserva suficiente fuerza para disputar nuevamente el poder.
Lula mantiene el primer lugar en la simulación de primera vuelta, con un 36%, frente al 29% de Flávio Bolsonaro. Más atrás aparece el psiquiatra y escritor Augusto Cury, con un 8%, convertido en la principal alternativa a los dos bloques que dominan la política brasileña.
Sin embargo, el dato decisivo está en el balotaje. Lula y Bolsonaro obtienen exactamente el mismo porcentaje, mientras otro 18% de los consultados declara que votaría en blanco, anularía su voto o no participaría. El sondeo entrevistó presencialmente a 2.004 personas entre el 3 y el 6 de septiembre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
También muestra un problema compartido: ambos candidatos generan un fuerte rechazo. El 55% afirma que no votaría por Flávio Bolsonaro y un 53% descarta hacerlo por Lula.
La elección no parece encaminarse hacia el entusiasmo por una figura dominante, sino hacia una nueva batalla entre electorados movilizados, identidades políticas enfrentadas y un amplio segmento que deberá escoger entre dos opciones que generan resistencias.
El bolsonarismo encontró heredero
Flávio Bolsonaro ha logrado algo que meses atrás no estaba garantizado: heredar una porción considerable del capital político de su padre, Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por su participación en una trama golpista y fuera de la disputa electoral.
El senador no posee todavía la gravitación política ni la conexión directa con las bases que caracterizaron al exmandatario, pero convirtió la situación judicial de su padre y el enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal (STF) en los pilares de su campaña.
Durante la movilización del 7 de septiembre en la avenida Paulista, en São Paulo, Flávio vinculó directamente a Lula con el magistrado Alexandre de Moraes, enemigo central del bolsonarismo y relator de los procesos que llevaron a la condena del expresidente. También prometió alterar la composición del Supremo mediante la designación de cinco nuevos ministros si llega al poder.
La estrategia apunta a transformar la elección en algo más que un referendo sobre la gestión económica y social de Lula. Bolsonaro quiere presentarla como una disputa sobre quién controla las instituciones brasileñas y cuáles son los límites del Poder Judicial.
La irrupción de Augusto Cury añade una variable relevante. Su crecimiento recoge parte del cansancio con la polarización, especialmente entre votantes conservadores y evangélicos que rechazan a Lula, pero que no necesariamente se identifican con Flávio Bolsonaro. Si la elección llega a una segunda vuelta, el destino de esos votos puede resultar determinante.
El Supremo, de árbitro a protagonista
La ofensiva electoral contra la Justicia ocurre cuando el STF enfrenta una crisis interna de una gravedad poco habitual.
El detonante inmediato está en las investigaciones sobre Banco Master, liquidado en noviembre de 2025 y cuyo antiguo propietario, Daniel Vorcaro, se encuentra bajo investigación por un fraude bancario de grandes dimensiones.
Mensajes hallados por la Policía Federal en el teléfono de Vorcaro revelaron contactos con figuras judiciales y políticas. Entre ellos aparece Alexandre de Moraes, uno de los jueces más influyentes y controvertidos del país.
Según la información incorporada al expediente, Vorcaro habría consultado a Moraes si debía abandonar Brasil dos días antes de su detención y le habría pedido intervenir ante el procurador general, Paulo Gonet, y el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
La investigación también detectó borradores de contratos por 131 millones de reales —alrededor de US$25 millones— entre empresas vinculadas a Vorcaro y el bufete de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado. De acuerdo con los registros divulgados, algunos documentos habrían sido modificados por un usuario identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.
Moraes niega haber cometido irregularidades y sostiene que la información debe analizarse dentro de las reglas procesales. Pero el conflicto dejó de limitarse a las revelaciones sobre Banco Master y derivó en un choque abierto dentro del propio tribunal.
El magistrado André Mendonça, designado por Jair Bolsonaro y relator del caso, levantó el secreto de parte de la documentación. Moraes reaccionó solicitando que se investigue a su colega por presunto abuso de autoridad, improbidad administrativa y crimen de responsabilidad. Lo acusó de abandonar la imparcialidad para beneficiar a determinados intereses políticos.
La Procuraduría General, cuyo titular también aparece mencionado en los mensajes investigados, pidió a su vez cerrar el procedimiento abierto por Mendonça y cuestionó la forma en que se obtuvo la información.
El resultado es una disputa en la que dos ministros del Supremo intercambian acusaciones, la Procuraduría intenta frenar una investigación que la alcanza y la Policía Federal queda atrapada entre las instituciones que debe investigar.
Edson Fachin, presidente del STF, asumió el control de los expedientes y dio un plazo a los implicados para explicar sus actuaciones. Su desafío no consiste únicamente en determinar si hubo delitos o faltas administrativas. También debe preservar la autoridad de una Corte que llegará profundamente cuestionada al momento político más delicado del país.
Una crisis que alcanza a los dos candidatos
Aunque Flávio Bolsonaro intenta capitalizar el deterioro del Supremo, las ramificaciones del caso no benefician limpiamente a ninguno de los dos principales contendientes.
Lula mantuvo durante su mandato una relación cercana con varios integrantes del tribunal y defendió a Moraes frente a las sanciones impuestas en el pasado por Estados Unidos. Esa proximidad facilita que el bolsonarismo presente al presidente y al magistrado como parte de un mismo entramado de poder.
El oficialismo también teme que una campaña dominada por denuncias de corrupción reactive recuerdos especialmente perjudiciales para el Partido de los Trabajadores, desde el mensalão hasta la operación Lava Jato.
La respuesta inicial de Lula fue cautelosa, pero la magnitud del escándalo terminó por obligarlo a intervenir. El mandatario calificó la trama de Banco Master como el mayor robo de la historia del país y pidió que se investigue a todos los implicados “sin blindaje para nadie”.
Su campaña ahora estudia convertir el problema en una propuesta política: una reforma del Poder Judicial que incluya mayor transparencia, mecanismos anticorrupción, límites a los privilegios económicos de jueces y fiscales y un código de ética para los magistrados. Lula también ha expresado anteriormente su respaldo a establecer mandatos limitados para los miembros del Supremo, que actualmente pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años.
El movimiento busca tomar distancia del escándalo y evitar que Flávio Bolsonaro monopolice la demanda social de cambios. Pero también conlleva un riesgo: al plantear una reforma, el propio presidente reconoce que la crisis no puede ser tratada como un episodio aislado.
Flávio Bolsonaro tampoco está al margen de las derivaciones de Banco Master. Informaciones difundidas meses atrás lo vincularon con gestiones para obtener financiamiento de Vorcaro destinado a una película biográfica sobre su padre. La ofensiva contra Moraes le permite desplazar esa controversia y concentrar el debate en la conducta del Supremo.
Una elección sobre los límites del poder
Brasil ya vivió campañas dominadas por la economía, la corrupción, la inseguridad y la defensa de la democracia. La elección de 2026 comienza a reunir todos esos factores bajo una pregunta institucional más profunda: quién controla a quienes ejercen el poder.
El empate entre Lula y Flávio Bolsonaro no solo expresa la persistencia de la división que atraviesa al país. También refleja la ausencia de una figura capaz de superar la polarización y construir una mayoría estable antes del balotaje.
En ese escenario, cada avance de las investigaciones judiciales puede mover votos. Una prueba contra Moraes podría alimentar el discurso bolsonarista sobre los excesos del Supremo; una derivación contra figuras cercanas a Bolsonaro podría debilitar la narrativa de persecución; y cualquier intento de cerrar prematuramente los expedientes profundizaría la pérdida de confianza en las instituciones.
El deterioro judicial también introduce incertidumbre para los mercados y para los socios internacionales de Brasil. No está en discusión únicamente quién gobernará la mayor economía latinoamericana, sino con qué equilibrio entre poderes, qué legitimidad institucional y qué capacidad para procesar los conflictos que dejará una elección previsiblemente estrecha.
A menos de un mes de la primera vuelta, el árbitro se ha convertido en parte del partido. Y con Lula y Flávio Bolsonaro empatados, la crisis del Supremo ya no constituye un elemento de contexto: puede ser el factor que incline la elección.
Con información de Reuters, France 24, Folha de S.Paulo y La Nación.
