Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el presidente de El Salvador Nayib Bukele defendió la recién aprobada reforma constitucional que habilita la reelección indefinida, arguyendo que “el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
Para el mandatario, la desaprobación internacional obedecería a un “doble rasero” que penaliza a las naciones pequeñas y empobrecidas cuando intentan ejercer plena soberanía, mientras que en las potencias se aceptan mecanismos similares sin cuestionamientos.
Bukele destacó que los críticos suelen argumentar que “un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial”, pero considera este señalamiento un “pretexto” técnico.
A su juicio, la verdadera causa de la molestia internacional es que una “república pobre” aspire a tomar decisiones políticas autónomas: “Si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera”.
La reforma exprés, aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Además de eliminar el límite de mandatos, amplía el período presidencial de cinco a seis años.
LAS JUSTIFICACIONES
Bukele ha justificado esta extensión argumentando que permitirá “estabilizar los períodos electorales, reduciendo costos y aumentando la seguridad jurídica, a fin de atraer inversión, mayor desarrollo económico y social, así como evitar una campaña electoral permanente”.
En el mismo sentido, la diputada Ana Figueroa, de NI, presentó la iniciativa subrayando que los salvadoreños “van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente”.
Desde esta perspectiva, la eliminación de la segunda vuelta y la sincronización de los comicios presidenciales con los legislativos y municipales en 2027 busca, según el oficialismo, ordenar el calendario electoral y generar ahorros significativos al Estado.
Sin embargo, la aprobación de estas enmiendas sin “previo aviso, de espaldas al pueblo, sin debate” y “sin diálogo con actores de la sociedad”, como denunció la organización no gubernamental Cristosal, contrasta con la narrativa oficial. En un comunicado, Cristosal calificó la reforma como “el tiro de gracia” a la democracia salvadoreña y advirtió que, al carecer de contrapesos, el régimen se otorga “el poder de perpetuidad” en favor de la familia del gobernante.
Las críticas se intensificaron tras el cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, nombrada en 2021 por la primera legislatura de NI, que en junio de 2024 facilitó la reelección de Bukele pese a las prohibiciones constitucionales vigentes.
Para la ONG, la forma exprés de la reforma —aprobada con dispensa de trámite y sin estudio legislativo— representa un retroceso hacia “los errores de los regímenes arbitrarios del pasado”.
Desde Human Rights Watch, la directora de la División de las Américas, Juanita Goebertus, aseguró que Nuevas Ideas “está recorriendo el mismo camino que Venezuela” al concentrar poder mediante reformas constitucionales.
Goebertus alertó que “empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, un paralelo que Bukele rechaza argumentando que su proyecto responde exclusivamente a la voluntad popular y a la necesidad de fortalecer la estabilidad institucional.
Con estas reformas, El Salvador celebrará sus próximas elecciones presidenciales el 28 de febrero de 2027 y convocará el proceso de inscripción de candidaturas legislativas a partir del 1 de octubre de 2026.
