POR EFE
El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, comenzó este lunes, más de una década después de que se abriera la investigación y con más de una veintena de imputados que se enfrentan a una pena de hasta doce años de prisión, entre ellos el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia.
"Estamos a punto de iniciar la audiencia ordinaria", declaró la jueza Baloísa Marquínez mientras evacuaba peticiones judiciales de última hora y tras escuchar a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli, algunos de los cuales reiteraron su inocencia en declaraciones a la prensa antes de entrar a la sala.
Martinelli, conectado vía internet, se identificó ante la jueza - al igual que hicieron los fiscales del Ministerio Público, querellantes y los abogados defensores, como ya había anunciado que lo haría su abogado defensor, Carlos Carrillo, antes de entrar a la sala del tribunal al asegurar que el expresidente "no guarda relación con los hechos de esta investigación" del caso Odebrecht.
El exgobernante está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, en la que se refugió para evitar ir a prisión tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.
Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por el caso Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección" de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", como alegó su defensa.
Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en sus redes sociales que la audiencia se "inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales", y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, "se encuentra preparado para sustentar condena en este caso".
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.
Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano.
No se puede dilatar más
El abogado y analista panameño Rodrigo Noriega dijo a EFE que considera que tanto la jueza Marquínez como la fiscal del caso, Ruth Morcillo, deben proceder con esta audiencia con lo que dispongan, no se pueda dilatar más, aunque «hubiera sido mejor si Panamá hubiera recibido más cooperación de parte de Brasil en los últimos tiempos, pero hubo mucho obstáculo».
"Por supuesto, los abogados defensores y los grandes poderes económicos y políticos de Panamá casi sabotean este caso, pero creo que la presión internacional y la persistencia (...) de la fiscal Morcillo y la persistencia de la jueza Marquínez van a dejar la marca del país en alto", aseguró Noriega.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), afirmó también a EFE que desde su "expectativa institucional (...) la audiencia del caso Odebrecht inicia conforme a lo programado, finalmente, toda vez que se han agotado los plazos procesales establecidos y todos los imputados han sido debidamente notificados, hasta los expresidentes".
Desde TI-Panamá, añadió, esperan "que la administración de justicia, tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial, mantenga su curso dentro del marco legal y que el proceso pueda desarrollarse con normalidad, asegurando transparencia y acceso a la información para la ciudadanía".
"No puede exagerarse la importancia que este juicio, tantas veces aplazado, tiene para el imaginario colectivo de las ciudadanía que está harta de la impunidad y de que los recursos que deben servir al bien común, se desvíen a los bolsillos de criminales", subrayó Obaldía.
