La música echó a andar el 8 de mayo de 2014 para Luis Guillermo Solís Rivera y su banda del Partido Acción Ciudadana (PAC), que había ganado meses antes en segunda ronda las elecciones nacionales con el apoyo de 1,3 millones de votantes, algo nunca registrado en la historia electoral costarricense. Las notas entonadas durante la campaña electoral de "ir por un cambio" y reafirmadas ese 8 de mayo en el Estadio Nacional, escenario del traspaso de poderes, llegaron como dulce armonía a los oídos de todo un país que apostaba a la esperanza de ese cambio.
Un año después, el pentagrama sobre el que escribe su historia el presidente Solís Rivera refleja más la interpretación de un solo, cuya nota no es satisfactoria para los costarricenses.
Y es que, en efecto, ‘los hombres del Presidente’ ya no le acompañan en ese entonado: la más reciente fue la ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca Corrales, quien renunció a su cargo tras la fallida organización del Festival Internacional de las Artes (FIA 2015), a quien acompañaron sus viceministros Alfredo Echeverría y Luis Carlos Amador.
A la lista de dimisiones se suma la de su principal hombre de confianza, Melvin Jiménez, el ministro luterano que tuvo a su cargo la cartera de la Presidencia, y a quien el Presidente pidió en abril pasado su renuncia tras las constantes crisis y polémicas que desde el primer día le acompañaron en su gestión. Se agrega la del viceministro de esa misma cartera, en enero de este año, tras el escándalo de haber supuestamente ofrecido una embajada a la procuradora de la República, Ana Lorena Brenes, con tal de que dejara su cargo; así como la suscitada un mes después por parte del ministro de Seguridad (hasta entonces el hombre mejor calificado en las encuestas), Celso Gamboa. Adicional, el retiro de la jerarca del ministerio de Ciencia y Tecnología (con todo y viceministro) y la del titular del ministerio de Turismo, entre otros.
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CAMINO DE DESACIERTOS
El primer escollo que debió enfrentar el presidente Solís y su administración se dio justo a su entrada, cuando los educadores iniciaron una huelga por un fallido sistema de pago de sus salarios, gestión que la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, logró regularizar y acabar con la medida de fuerza. Pero, no siempre ‘por la víspera se saca el día’. El nombramiento de Mariano Figueres (hermano del expresidente Figueres Olsen) como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y luego la polémica salida de Casa Presidencial de uno de los artífices del triunfo del PAC, Iván Barrantes (por cobrar 111 millones de colones por asesorías dadas en campaña), quien era asesor del Presidente pero a la vez de empresarios privados, fueron los primeros signos de que la marcha podría ser otra.
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Al camino de espinas se sumó el controversial apoyo que la entonces ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) dio a una iniciativa para cobrar por descargas en la Internet, propuesta que había sido lanzada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y que claramente encarecería el uso de esa red mundial.
Pero, quizá, el momento que erosionó más la imagen del gobierno fue esa suerte de telenovela protagonizada por la procuradora general, Ana Lorena Brenes, el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, y su jefe Melvin Jiménez. La controversia en torno a si a la procuradora Brenes le había sido ofrecido una embajada con tal de que abandonara su cargo por resultar "incómoda" para los intereses del Ejecutivo, ocupó los espacios noticiosos en la prensa escrita, radial y televisiva durante largos días y fue traiding topic en las redes sociales; el daño estaba hecho.
Como si fuera poco, a principios de abril se vino otro desaguisado. Esta vez, el protagonista fue el viceministro del Micitt, Allan Ruiz, quien circuló un proyecto de Ley General de Radiodifusión, en el que se sometería a la prensa electrónica independiente a un régimen de sanciones capaz de amordazarla, en detrimento de la libertad de expresión y el régimen abierto de opinión pública existente en Costa Rica.
Aunque el plan no había sido presentado oficialmente, Ruiz había reconocido su autoría y el texto llevaba la leyenda "Documento base de discusión". Esta vez, el gobierno actuó rápidamente y señaló que el documento no prosperaría, a la vez que hizo que se marcharan Ruiz y la ministra Gisela Kooper.
Los traspiés diplomáticos también estuvieron a la orden del día. Tanto en los casos de Daniel Soley como de Allan Ruiz se señaló el ofrecimiento de embajadas, lo que fue categóricamente desmentido por el titular de la política exterior, Manuel González. Opinar en redes sociales sobre el caso de la procuradora sacó de sus sillas a los embajadores Roberto Zamora (Corea del Sur) y Patricia Gómez (Bolivia). Mientras, el que fuera embajador en Venezuela, Federico Picado, sufrió una incómoda situación cuando contradijo opiniones de los sectores opositores al gobierno de Nicolás Maduro, en abierta injerencia sobre asuntos domésticos de ese país. Por acciones como esas,los analistas políticos acusan a la administración Solís de "no tener un norte, de falta de experiencia y de divisiones internas", aspectos que aseguran han marcado el primer año y han minado además el apoyo que el electorado le dio.
Una encuesta de finales de 2014, elaborada por la Universidad de Costa Rica, mostró que las opiniones desfavorables son la nota predominante para la administración Solís Rivera. El mandatario obtuvo en esa medición el 30,8% de opiniones positivas y un 34,5% negativas.
El analista político Carlos Quirós sostiene que el gobierno "ha sembrado desconfianza en los sectores empresariales, sociales y hasta partidarios", y advirtió que "es evidente la falta de pericia política" de un gobierno nuevo e inexperto, así como "la ausencia de un plan estratégico de país y de la conformación de un gabinete con una estructura que responda a una estrategia de gobierno".
De esa falta de pericia política se hizo alarde poco antes de llegar al año en el poder, cuando la salida del ministro de la Presidencia fue anunciada un día antes en un programa deportivo por el diputado oficialista y hasta entonces hombre fuerte del Presidente, Víctor Morales Zapata. El legislador y el gobierno fueron criticados por no ser el gobernante quien anunciara lo que en efecto poco después se concretó. De alguna forma, Solís ha hecho un mea culpa al remover a Melvin Jiménez y colocar en ese cargo al exdiputado (2007 al 2010) Sergio Alfaro Salas; así como al nombrar en el ministerio de Comunicación a un prestigioso periodista (Mauricio Herrera, quien dirigía Semanario Universidad), reconociendo como una debilidad el no comunicar apropiadamente los logros de su gestión.
FONDO Y FORMA
La dimensión real del reto que tiene por delante el gobierno costarricense va más allá de comunicar. El mismo Presidente lo reconoció al poner en el tapete la necesidad de discutir las reformas fiscales, justo en momentos en los que la Asamblea Legislativa será dirigida por un bloque de partidos opositores, que han dicho no a cualquier reforma fiscal. En su discurso de rendición de cuentas, Solís Rivera mencionó el tema fiscal dentro de un grupo de más de una decena de asuntos que serán prioritarios durante su segundo año de gestión.
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El economista Luis Mesalles sostiene que el ministerio de Hacienda ha quedado debiendo en la presentación de un plan integral de reducción de gastos, que incluya la revisión de la Ley de Empleo Público. En su criterio, allí es donde se dan los mayo- res efectos de aumentos de gastos automáticos. "La disminución del gasto público debe ser la punta de lanza de la actual administración. El gobierno debe dar una buena señal a los contribuyentes que son los que le dan recursos al Estado", manifestó José Manuel Quirce, presidente de la Cámara de Importadores. Similar criterio comparte Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, para quien es prioritario un recorte de gastos que evite mayor presión tributaria. "Si el Presidente insiste en los impuestos, en este 2015, comete un error", señaló.
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