Por: Revistaeyn.com
Estados Unidos decidió trasladar la presión sobre Rusia a un terreno más amplio y potencialmente más disruptivo: el comercio con los países que todavía compran su petróleo y gas.
La Cámara de Representantes aprobó la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, un paquete que ya había recibido el respaldo del Senado y queda pendiente de la firma del presidente Donald Trump. La norma autoriza al mandatario a imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones procedentes de grandes compradores de hidrocarburos rusos, con China e India como principales destinatarios del mensaje.
No se trata, por ahora, de un arancel automático ni universal. La ley entrega a la Casa Blanca una facultad que podrá aplicar, modular o suspender, y contempla excepciones para los países que demuestren avances en la reducción de su dependencia energética de Rusia. Esa flexibilidad es central para entender el movimiento: Washington no solamente suma una sanción, sino que incorpora una poderosa herramienta de negociación.
El Kremlin calificó la aprobación como un “paso inamistoso”. Su portavoz, Dmitri Peskov, afirmó además que nuevas sanciones dificultarán los esfuerzos para alcanzar un arreglo negociado en Ucrania. Moscú intenta así presentar la medida como un obstáculo para el diálogo que Estados Unidos pretende reanudar, mientras Washington la concibe como una manera de elevar el costo de la negativa rusa a detener la guerra.
Castigar al comprador para debilitar al vendedor
Las sanciones occidentales aplicadas desde 2022 no consiguieron retirar completamente el crudo ruso del mercado. En buena medida, modificaron sus rutas. Rusia redirigió cargamentos antes destinados a Europa hacia Asia, con descuentos y mediante una red de intermediarios, aseguradoras y buques —la denominada “flota fantasma”— que le permitió preservar una parte importante de sus ingresos energéticos.
La nueva ley busca actuar sobre ese punto débil. En lugar de concentrarse únicamente en empresas y bancos rusos, amenaza el acceso al mercado estadounidense de terceros países que sostienen la demanda. Para China, India y Turquía, continuar comprando energía rusa podría tener como contrapartida aranceles sobre los bienes que venden a Estados Unidos.
Es una forma de sanción secundaria: obliga a gobiernos y empresas que no participan formalmente de las restricciones occidentales a calcular si el ahorro obtenido con el petróleo ruso compensa el riesgo de perder competitividad en el mercado estadounidense.
La presión llega, además, en un momento de mayor fragilidad para el sector energético ruso. Los ataques ucranianos contra refinerías, depósitos y puertos han reducido capacidad de procesamiento y provocado tensiones en el suministro interno. Al mismo tiempo, el gasto militar, la inflación y las dificultades para acceder a tecnología y repuestos amplían el costo económico de la guerra.
¿Un guiño de Washington a Europa?
La ley puede interpretarse como un acercamiento a Europa, pero no como una concesión desinteresada. Los gobiernos europeos reclaman desde hace tiempo una mayor presión sobre los países y empresas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones. La escalada de drones, sabotajes, ciberataques y otras operaciones atribuidas a Moscú también ha endurecido la percepción europea de la amenaza rusa.
Al atacar los ingresos petroleros y la flota utilizada para sortear restricciones, Washington converge con una prioridad estratégica de la Unión Europea: limitar la capacidad de Moscú para financiar su ofensiva en Ucrania y sus acciones híbridas en el continente.
Sin embargo, la iniciativa también puede incomodar a socios de Estados Unidos. Algunos países aliados continúan expuestos de manera directa o indirecta a la energía rusa, y una retirada acelerada de esos barriles podría empujar al alza los precios internacionales. Entre los potenciales alcanzados figuran no solo China, India y Turquía, sino también economías aliadas que conservan algún grado de dependencia energética de Rusia.
Para América Latina, el impacto inmediato sería principalmente indirecto. Una aplicación amplia de los aranceles podría encarecer el petróleo, elevar los costos de transporte y producción y añadir volatilidad a monedas e inflación. También obligaría a países, bancos y empresas de la región a prestar mayor atención al origen del crudo, las rutas de comercialización y el riesgo de sanciones secundarias en sus operaciones financieras
La Casa Blanca deberá equilibrar, por tanto, la presión sobre Putin con otro objetivo especialmente sensible para Trump: evitar un nuevo salto de los combustibles dentro de Estados Unidos.
Con información de EFE, AP, Financial Times, Casa Blanca y Consejo de la Unión Europea.
