El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió ayer al Congreso de los "peligros" energéticos y de seguridad que supone no reparar las maltrechas infraestructuras del país, y promocionó un plan que invertiría en esa área US$478.000 millones, recaudados mediante una reforma tributaria.
La medida legislativa que proporciona fondos para financiar proyectos de carreteras y tránsito se agotarán el próximo 31 de mayo, con la posibilidad de extenderlos hasta julio, y los legisladores comienzan a debatir la posibilidad de aprobar una nueva medida y de dónde se pueden sacar los fondos para financiarla.
Modernización
"La infraestructura tiene que ser moderna, porque ahora no lo es.No lo es. Estados Unidos ocupa el lugar número 28 en el mundo en términos de infraestructura de transporte", subrayó Biden.
Según indicó la Casa Blanca el año pasado, el 65% de las principales carreteras del país se encuentran en un estado por debajo del considerado correcto, el 25% de los puentes necesita una reparación significativa y el 45% de los estadounidenses no tiene buen acceso a un sistema de tránsito.
Modernizar las infraestructuras de transporte y saneamiento de agua "es algo que se necesita desesperadamente", afirmó Biden.
"Es importante para nuestra seguridad energética y nuestra seguridad nacional", agregó, al advertir que "la naturaleza cambiante" de las fuentes de energía de Estados Unidos y los huracanes y tormentas "ponen en riesgo las infraestructuras" y obligan a repararlas o cambiarlas.
Reforma tributaria
Advirtió, además, que "el peligro de transportar" petróleo crudo "en un sistema anticuado es real, y puede hacer volar por los aires pueblos enteros".
En ese contexto, Biden defendió el plan presentado en febrero ante el Congreso por el presidente Barack Obama, que desembolsaría US$478.000 millones en seis años para modernizar la infraestructura y el sistema de transporte del país.
Ese plan se financiaría mediante una reforma tributaria para cerrar las "lagunas fiscales" que benefician al 1% de los estadounidenses más ricos, y que propone un impuesto obligatorio del 14% sobre los beneficios que las compañías del país obtienen en el extranjero, que se elevaría al 19% para ganancias futuras.
El desacuerdo de los republicanos con esas tasas impositivas ha paralizado hasta ahora el debate en torno a los fondos para proyectos de transporte.
Por otra parte, el fondo fiduciario para autopistas, que reúne los fondos para obras públicas de transporte, se quedará insolvente a partir del 31 de mayo, cuando expira su base legal.
Aunque el Departamento de Transporte puede tomar medidas para seguir desembolsando fondos hasta finales de julio, se espera que los legisladores deban empezar a negociar sobre el tema las próximas semanas.
