Por: revistaeyn.com - Agencias
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este lunes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para analizar las reformas secundarias que acompañan la enmienda constitucional aprobada la semana pasada.
Durante la sesión, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, explicó que la propuesta también contempla cambios en el ámbito penal juvenil y abre la posibilidad de imponer prisión perpetua revisable a menores de 18 años en casos de homicidio, violación y agrupaciones terroristas.
Según lo expuesto ante los diputados, en el caso de los menores la revisión para acceder a una eventual libertad controlada se haría a los 25 años de condena.
Para los magistrados, ese plazo busca ajustarse a estándares internacionales al mantener abierta la posibilidad de revisión, mientras que la reforma establece además revisiones periódicas cada cinco años.
Arquitectura de seguridad
El movimiento legislativo no llega de forma aislada. La semana pasada, la Asamblea, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, aprobó con 59 votos una reforma al artículo 27 de la Constitución para habilitar la pena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas.
Esa modificación todavía debe ser ratificada, pero ya marca un nuevo paso en la arquitectura de seguridad construida por Bukele desde su llegada al poder.
En términos políticos, la propuesta refuerza la narrativa de mano dura que ha definido a la administración salvadoreña.
El oficialismo presenta la cadena perpetua como una extensión de su ofensiva contra las pandillas y contra los delitos considerados de mayor gravedad, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales activos políticos del presidente.
La reforma también apunta a trasladar esa lógica de excepción y castigo ejemplar desde el plano operativo y policial hacia el terreno constitucional y penal.
El paquete de cambios no se limita a la Ley Penal Juvenil. También incluye modificaciones al Código Penal, a la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y a la Ley contra Actos de Terrorismo, lo que muestra que el Ejecutivo busca una homologación amplia del marco legal para aplicar la prisión perpetua dentro de distintos ámbitos del sistema penal.
Con este paso, el Gobierno de Bukele profundiza una estrategia de seguridad que ha combinado respaldo popular, control legislativo y reformas legales de alto impacto.
La inclusión de menores de edad en el nuevo esquema penal probablemente abrirá un debate adicional sobre proporcionalidad, derechos y compatibilidad con estándares internacionales, pero al mismo tiempo confirma que la apuesta del oficialismo sigue siendo la de ampliar al máximo el poder punitivo del Estado frente a los delitos que considera más lesivos.
