Por revistaeyn.com - Agencia EFE
Ante los crecientes niveles de criminalidad y caos en centros penitenciarios, muchos dominados por bandas criminales, diversos países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Costa Rica y Guatemala están aplicando el modelo carcelario desarrollado por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Bajo un riguroso esquema de seguridad, más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador están encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel y símbolo de la guerra que emprendió en 2022 contra las pandillas.
La megacárcel con capacidad para 40.000 personas comenzó a recibir internos en febrero de 2023, y a la fecha acumula 12.114 presuntos pandilleros, en su mayoría acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18
Por ejemplo, el Gobierno de Costa Rica anunció que espera concluir en junio de 2026 la construcción de una cárcel para 5.100 presos, inspirada en el modelo salvadoreño del Cecot.
La construcción y equipación del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) en la provincia de Alajuela costará US$35 millones, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos.
Cabe recordar que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de novecientos cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.
INVERSIÓN CARCERLARIA
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para combatir a las pandillas con penas de cárcel más duras y de la creación de una prisión exclusiva para sus miembros.
De acuerdo a Arévalo de León, la iniciativa de ley contempla la creación de una cárcel de "máxima seguridad" específicamente para pandilleros, con "vigilancia extrema" y control de todos sus movimientos. Además, en la propuesta de la nueva prisión se incluye el aislamiento de reos por 30 días.
Se estima que en Guatemala hay alrededor de 12.000 personas vinculadas directa o indirectamente a las pandillas, de los cuales alrededor de 3.000 se encuentran encarcelados.
Por su parte, el Gobierno de transición de Perú comenzó a replicar los operativos en las cárceles que ha llevado a cabo en Lima al estilo de El Salvador, en otros puntos del país como Huánuco.
El mandatario interino José Jerí publicó en la red social X imágenes de la operación de registros y requisas realizados la madrugada del miércoles en los pabellones de máxima seguridad del la cárcel de Huánuco (expenal de Potracancha), donde se observan a los reclusos apilados unos contra otros en uno de los patios con las manos en la nuca en señal de sumisión.
"Seguimos con las requisas en los establecimientos penitenciarios. Hoy tocó Huánuco", señaló Jerí junto a fotografías de presos en el patio de la prisión apilados unos contra otros y obligados a mirar abajo en señal de sumisión, como se suelen ver en operativos en El Salvador.
La campaña electoral en Ecuador estuvo marcada por la llegada de los primeros presos a la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema de su política de seguridad y una de las promesas electorales del el presidente Daniel Noboa cuando llegó al poder en 2023.
Allí llegaron los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la "guerra" desde 2024 al calificar al país bajo "conflicto armado interno" y catalogar a estas estructuras como "terroristas", causantes de una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes en la historia reciente de Ecuador.
VIOLACIONES DE DERECHOS
El Cecot fue construido para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por la Asamblea Legislativa a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Sin embargo, el modelo carcelario salvadoreño ha sido señalado en diferentes ocasiones por varias organizaciones de derechos humanos de cometer torturas y violaciones.
Por ejemplo, los migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Cecot denunciaron haber sufrido torturas, reveló la organización Human Rights Watch (HRW).
La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.
