Por Agencia EFE
El Estado salvadoreño se enfrenta a denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a investigaciones de la Corte Penal Internacional por el régimen de excepción vigente, por medio del cual se habrían cometido crímenes de lesa humanidad, advierte el abogado mexicano especialista en derecho internacional José Antonio Guevara.
Guevara es uno de los autores del informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), difundido la semana pasada y que concluye que en contexto de ese régimen se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".
El Gobierno del presidente Nayib Bukele implementa desde finales de marzo de 2022 el régimen de excepción como una medida contra las pandillas, que mantenían a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, y según el Gobierno ha permitido que lo homicidios se hayan reducido a 82 casos en el 2025, frente a los 1.322 de 2020, según cifras de la Policía.
Bajo este régimen se han encarcelado más de 91.000 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de grupos defensores de derechos humanos.
Guevara explicó en una conversación telefónica con EFE que "el que se hable de crímenes de lesa humanidad abre la puerta a que la Corte Penal Internacional pueda iniciar una investigación de oficio" y, según señaló, el informe presentado "pudiera ser una aportación para que la Fiscalía de la Corte pueda tener información".
Si el país "es considerado por la Fiscalía de la Corte Penal, eventualmente los más altos responsables del Estado salvadoreño en el diseño y la ejecución de la política de seguridad llamada régimen de excepción podrán ser llevados a juicio ante esta corte", dijo Guevara.
Apuntó que las "personas a quienes se les han violado diferentes derechos del debido proceso en el marco de régimen de excepción, podrían llevar una denuncia ante la CIDH", y que "países que contemplen la figura de la jurisdicción universal eventualmente podrían iniciar su competencia para llevar a juicio a los responsables de haber cometido estos crímenes".
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y "los jefes de Estado no gozan de la inmunidad para impedir un enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional y una vez que dejen el cargo podrán ser juzgados tanto por tribunales nacionales como internacionales", añadió.
Libertad de presuntos inocentes
Guevara recordó que en el informe se recomienda al Estado salvadoreño "crear una comisión (...) con respaldo internacional, que analice la condición de las personas detenidas y que aquellas que han sido detenidas sin fundamento, sean liberadas de inmediato".
Asimismo, "supervisar las condiciones legales en que se encuentran todas las personas privadas de libertad, garantizarles el derecho del debido proceso", y "que puedan ser juzgados por jueces imparciales e independientes".
Bukele ha criticado el informe del GIPES, y en X apuntó que "están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción".
Sin embargo, en el informe, presentado a la CIDH y a las Naciones Unidas en Bruselas no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino a "establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad".
