POR EFE
El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos, denuncia un informe presentado este miércoles a la prensa por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado en la ONU para este país.
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado.
La investigación y toda la información reunida por este Grupo señalan que el presidente Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo "han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario", donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país.
"En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población", ha comentado el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.
CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN
El golpe de gracia al Estado de derecho se produjo la semana pasada, cuando entró en vigor una reforma constitucional que eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, lo que ha dado lugar a un poder ejecutivo con dominio absoluto, según el análisis del Grupo de Expertos, creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La entrada en vigor de la reforma constitucional en Nicaragua, que eliminó la división de poderes y aumentó la concentración de poder del presidente, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, "es una sentencia de muerte para el Estado de Derecho", subrayó a EFE uno de los miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado por la ONU para ese país.
La consecuencia concreta de esa reforma ha sido que los poderes judicial, legislativo y electoral se han convertido en simples "órganos coordinados” por la presidencia, según se explica.
Con testimonios de varios testigos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El documento expuesto hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, incluye un anexo con una suerte de organigrama que ilustra la cadena de mando de arriba hacia abajo.
Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad, tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.
"Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo", comentó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
Asimismo, los expertos señalaron que algunas de las violaciones que figuran en este último informe siguen los patrones previos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.
En este sentido, el Grupo indicó que ha elaborado una lista de personas que -además de Ortega y Murillo- considera responsables de esas violaciones y crímenes, y que será hecha pública antes de que concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 4 de abril.
Este plazo se ha dado para dar a los implicados oportunidad de responder.
Sobre lo que se puede hacer ante esta situación, el informe indica que la inacción de la comunidad internacional "fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense", por lo que recomienda que se tomen acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Asimismo, piden que los gobiernos faciliten procedimientos de asilo rápidos y justos, y el reconocimiento de los títulos de los profesionales nicaragüenses exiliados.
OBLIGADOS A SER POLICÍAS
Mientras eso pasaba, empleados púbicos nicaragüenses, incluidos maestros, denunciaron este martes que la dictadura de Daniel Ortega los está obligando a juramentarse como policías voluntarios.
“Por trabajar para el Estado nos obligan a ser policías voluntarios”, dijo un empleado público al diario nicaragüense La Prensa.
Según ese medio, los empleados públicos, incluidos los maestros de las escuelas estatales, fueron convocados este miércoles a la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua, para ser juramentados como policías voluntarios en un acto de la Policía Nacional.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en la víspera que este miércoles, durante la toma de posesión para un nuevo período del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, juramentarán a 30.000 policías voluntarios.
