Por: Revistaeyn.com - Agencias
Honduras ha dado dos pasos significativos en su estrategia contra el crimen organizado. Mientras el Congreso Nacional aprobó un amplio paquete de reformas penales que endurece las sanciones contra maras, pandillas y asociaciones terroristas, el Gobierno profundiza su coordinación con Estados Unidos y República Dominicana para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.
Ambos acontecimientos, registrados entre el 26 y el 27 de octubre, reflejan una estrategia de seguridad que combina el fortalecimiento de las herramientas de persecución penal dentro del territorio hondureño con una participación más activa en los mecanismos hemisféricos de cooperación.
La iniciativa legislativa, aprobada el martes 27 de octubre, introduce modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación penitenciaria. Entre las medidas destacan condenas de hasta prisión perpetua, nuevas disposiciones sobre detenciones y allanamientos, y el reforzamiento del régimen de reclusión para integrantes de estructuras criminales.
En el plano internacional, Honduras participó en la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), realizada en Santo Domingo y organizada por el Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos.
La coincidencia de ambas iniciativas sitúa la política de seguridad entre las prioridades de la administración del presidente Nasry Asfura, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones para llevar las nuevas disposiciones a la práctica.
Penas de hasta cadena perpetua y nuevas facultades de investigación
El Congreso hondureño aprobó el paquete de reformas después de una jornada de deliberaciones y consultas con autoridades responsables de la seguridad y la administración de justicia.
La iniciativa recibió 118 votos favorables y 10 abstenciones de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Uno de los principales cambios corresponde al artículo 587 del Código Penal, que establece penas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas. En el caso de cabecillas, dirigentes, promotores y financistas de estas organizaciones, las condenas podrán alcanzar la prisión perpetua, conforme a las circunstancias previstas en la normativa.
Las reformas también contemplan esta pena máxima para determinados asesinatos de integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios del sector justicia, cuando el crimen esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.
El endurecimiento no se limita a las condenas. La legislación incorpora la prisión preventiva obligatoria para imputados por asociación terrorista y amplía a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a detenidos por determinados delitos, entre ellos asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión.
Además, contempla allanamientos sin autorización judicial previa en situaciones excepcionales de urgencia, bajo los supuestos establecidos en la reforma.
En materia penitenciaria, incluye la creación de una fuerza especializada para custodiar módulos de máxima seguridad, ejecutar traslados de alto riesgo y responder ante motines o intentos de fuga.
También se establecen nuevas restricciones para personas condenadas por asociación terrorista, incluida la eliminación de beneficios de libertad condicional y preliberación.
Otra disposición permite incorporar tatuajes, signos y símbolos asociados a organizaciones criminales como elementos probatorios, sujetos a peritajes especializados.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que las modificaciones buscan dotar a las instituciones de instrumentos para recuperar la seguridad en los barrios y comunidades afectados por las estructuras criminales. Las reformas deberán entrar en vigor con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Honduras se integra a una respuesta hemisférica contra los cárteles
Mientras avanzaba la discusión legislativa, el ministro de Seguridad hondureño, Gerzon Velásquez, participaba en Santo Domingo en la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrada los días 26 y 27 de octubre.
El encuentro reunió a representantes de defensa y seguridad de 19 naciones del hemisferio occidental y contó con la participación del presidente dominicano, Luis Abinader, y el comandante del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan.
Durante su visita, Velásquez sostuvo encuentros con ambas autoridades para abordar asuntos relacionados con la cooperación en seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
La reunión tuvo una orientación operativa: avanzar en la elaboración de un plan estratégico y una carta de gobernanza que establezcan prioridades, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre los países participantes.
De acuerdo con la Presidencia dominicana, los principales objetivos incluyen fortalecer el intercambio de inteligencia, ampliar la cooperación bilateral y multilateral y desarrollar operaciones combinadas contra las redes criminales.
La iniciativa también busca actuar sobre las estructuras que permiten operar a los cárteles, desde sus sistemas de financiamiento ilícito y logística hasta sus conexiones con redes de corrupción.
La A3C fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión de autoridades de defensa y seguridad convocada en Miami por Estados Unidos. Posteriormente, en agosto, un encuentro celebrado en Panamá permitió avanzar en los mecanismos necesarios para su implementación operativa.
La conferencia de Santo Domingo representa una nueva etapa de ese proceso. Durante la apertura, Abinader planteó la necesidad de superar las respuestas nacionales fragmentadas frente a organizaciones que operan internacionalmente.
El mandatario también destacó que la cooperación debe respetar la soberanía y los marcos legales de los países participantes.
Para Honduras, la participación ofrece un espacio para ampliar el intercambio de información y la coordinación frente a redes de narcotráfico y otras organizaciones cuyas actividades exceden sus fronteras.
Sin embargo, la información divulgada hasta el momento no detalla nuevas operaciones conjuntas específicamente acordadas por Honduras ni compromisos de ejecución con fechas definidas.
Seguridad y derechos: el debate que abren las reformas
La amplitud de las modificaciones penales también ha despertado cuestionamientos sobre su compatibilidad con las garantías constitucionales.
Las reservas se concentran especialmente en las facultades de allanamiento, las nuevas reglas de prisión preventiva y la utilización de tatuajes o símbolos como elementos para acreditar vínculos con organizaciones terroristas.
La diputada Clara López, del partido Libre, expresó preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la constitucionalidad de determinadas disposiciones.
El debate introduce una cuestión central para la aplicación de la nueva legislación: cómo fortalecer la capacidad del Estado para perseguir organizaciones violentas sin comprometer los mecanismos de control judicial ni las garantías del debido proceso.
La cooperación internacional plantea, a su vez, la necesidad de establecer responsabilidades claras en el intercambio de inteligencia y la ejecución de operaciones conjuntas.
Las autoridades hondureñas han defendido las reformas como instrumentos para combatir la impunidad y mejorar los resultados de las instituciones de seguridad y justicia.
No obstante, su aprobación constituye apenas una primera etapa. La implementación y la capacidad de obtener condenas mediante procesos judiciales sólidos serán determinantes para evaluar sus resultados.
Una estrategia que busca resultados dentro y fuera de las fronteras
La combinación de nuevas herramientas penales y cooperación hemisférica muestra una orientación de la política de seguridad hondureña hacia dos dimensiones del crimen organizado.
La primera es territorial: enfrentar las estructuras que ejercen control sobre comunidades mediante amenazas, extorsiones y violencia.
La segunda es transnacional: mejorar la capacidad de respuesta frente a redes que aprovechan las conexiones entre distintos países para movilizar drogas, recursos financieros y operaciones ilícitas.
Para la economía hondureña, los resultados de esta estrategia también tienen relevancia. La extorsión, la violencia y la inseguridad afectan la actividad comercial, los costos operativos de las empresas y las condiciones para la inversión.
Pero el endurecimiento de las penas, por sí solo, no permite anticipar una reducción de esos problemas.
El desafío para Honduras será convertir las reformas legislativas y los acuerdos internacionales en investigaciones eficaces, condenas judiciales sostenibles y mejoras verificables de la seguridad.
La nueva legislación y la participación en la coalición hemisférica ofrecen herramientas adicionales. Su alcance real comenzará a medirse cuando esas decisiones produzcan resultados concretos sobre el terreno.
