Por: Revistaeyn.com
Honduras abrió una nueva etapa en su política de seguridad al declarar como terroristas a tres estructuras criminales que operan en el país, una decisión que amplía las herramientas legales y operativas del Estado, pero cuyo verdadero alcance dependerá de la capacidad de convertir la nueva clasificación en investigaciones, capturas y condenas judiciales.
La medida fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reunido la noche del viernes 18 de septiembre en Casa Presidencial bajo la conducción del presidente Nasry Asfura.
En el encuentro participaron autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de responsables de las instituciones de seguridad y justicia.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que las tres organizaciones ya fueron declaradas terroristas, aunque evitó identificarlas. Según explicó, los nombres permanecerán bajo reserva para no anticipar las operaciones que preparan las fuerzas de seguridad.
La decisión introduce un cambio relevante: el Gobierno descartó, al menos por ahora, restablecer el estado de excepción y optó por combatir a estas estructuras mediante reformas penales, un tratamiento penitenciario diferenciado, tribunales especializados y una mayor articulación entre policías, militares, fiscales, jueces y organismos de inteligencia.
¿Qué cambia con la declaración?
La base jurídica se encuentra en el Decreto 84-2026, que reformó el artículo 587 del Código Penal y amplió la definición de asociación terrorista.
La norma permite incluir a estructuras criminales nacionales o transnacionales —entre ellas maras, pandillas, organizaciones de narcotráfico o secuestro— cuando recurran a la violencia, las amenazas o la intimidación para ejercer control territorial o dominio social sobre comunidades, barrios o sectores económicos.
La nueva categoría no convierte automáticamente en culpable a toda persona señalada como miembro de uno de esos grupos. La pertenencia, participación o financiamiento deberá probarse individualmente ante los tribunales, con las garantías del debido proceso.
El cambio sí ofrece al Estado un marco más severo para perseguir organizaciones que ya no operan únicamente como pandillas callejeras, sino como redes capaces de imponer reglas, cobrar extorsiones, ordenar homicidios, controlar territorios y condicionar la actividad económica de comunidades enteras.
El desafío será evitar que la amplitud de la figura de terrorismo termine debilitando las investigaciones o facilite actuaciones arbitrarias. La efectividad de la estrategia dependerá menos de la nueva denominación que de la calidad de la inteligencia, las pruebas y la coordinación entre las instituciones.
Máxima seguridad y comunicaciones restringidas
Uno de los componentes más sensibles del paquete anunciado afecta al sistema penitenciario. El Ejecutivo enviará al Congreso una reforma para establecer un régimen especial de comunicación para personas vinculadas con las organizaciones declaradas terroristas y para privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
La propuesta busca impedir que cabecillas y operadores criminales continúen ordenando extorsiones, asesinatos u otras actividades desde las cárceles. También permitiría trasladar a módulos de máxima seguridad a acusados relacionados con esas estructuras mientras cumplen prisión preventiva, aun cuando todavía no exista una condena firme.
Este último punto todavía requiere aprobación legislativa y previsiblemente abrirá un debate sobre su alcance, los controles judiciales y la presunción de inocencia.
Un circuito judicial especializado
El CNDS acordó además impulsar un circuito judicial dedicado a los delitos vinculados con terrorismo. El esquema incluiría fiscales, jueces y tribunales de apelación especializados, cuyos integrantes contarían con protección reforzada debido al riesgo de investigar y procesar a organizaciones con capacidad de intimidación y represalia.
La especialización puede acelerar causas complejas y concentrar experiencia, pero exigirá recursos, independencia y protocolos que preserven la seguridad de los operadores sin debilitar las garantías procesales.
Otro eje será la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), cuyo reglamento ya fue aprobado. La nueva instancia tendrá como misión coordinar a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás entidades involucradas en el combate al crimen organizado.
Zambrano informó que el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato estará a cargo de la coordinación de la agencia. Su prueba decisiva será transformar el intercambio de información entre instituciones —históricamente fragmentado— en expedientes sólidos, capturas relevantes y procesos que lleguen a sentencia.
Más policías, militares y tecnología
La estrategia contempla reforzar la Policía Militar de Orden Público y las unidades especiales de la Policía Nacional, además de ampliar la presencia de efectivos en barrios, colonias y municipios con mayor incidencia criminal.
El CNDS autorizó buscar recursos para adquirir armas, chalecos, vehículos, tecnología y drones. Mientras llegan esos fondos, las instituciones deberán iniciar las operaciones con el equipamiento disponible.
El Congreso prometió respaldar las reformas y presupuestos requeridos, pero también exigir informes y resultados a las instituciones responsables.
La nueva ofensiva se anuncia en un contexto todavía complejo. Honduras contabilizó 1.802 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, de acuerdo con cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea citadas por La Prensa. El dato representa una reducción interanual de apenas 1,69 %, mientras agosto fue el mes más violento del año, con 250 homicidios.
Del estado de excepción a una política permanente
La administración de Asfura marca así una diferencia frente al estado de excepción aplicado entre diciembre de 2022 y enero de 2026. Aquel régimen extendió restricciones temporales de garantías a buena parte del territorio y fue cuestionado por organismos internacionales debido a denuncias de detenciones arbitrarias y otras vulneraciones de derechos humanos.
Al renunciar por ahora a esa herramienta, el Gobierno apuesta por una respuesta que pretende ser más permanente y jurídicamente focalizada.
Sin embargo, todavía quedan interrogantes fundamentales: cuáles son las tres organizaciones alcanzadas, qué criterios sustentaron su clasificación, cómo se controlarán las nuevas facultades y cuándo estarán plenamente operativos los tribunales y el régimen penitenciario especial.
Honduras ha endurecido el lenguaje y el marco legal frente al crimen organizado. El resultado no se medirá por la fuerza de la etiqueta, sino por su capacidad para reducir la extorsión y la violencia, recuperar territorios y producir justicia sin repetir los abusos atribuidos al anterior estado de excepción.
Con información de DW, El Heraldo, Congreso Nacional de Honduras y La Prensa.
