POR EFE
El estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras para frenar la criminalidad termina este lunes, con posturas diversas: las autoridades defienden su eficacia en la reducción de los homicidios en el país y organismos de derechos humanos denuncian la violación a derechos, malos tratos y torturas.
Durante más de tres años, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro prorrogó la medida en al menos 24 ocasiones, una práctica que, según el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, desvirtuó la naturaleza "excepcional" para convertirla en una norma permanente, restringiendo garantías constitucionales sin la debida justificación legal.
"Debe haber un equilibrio entre esa visión restrictiva que implica la intervención policial, militar y eventualmente la judicial en la represión del delito (...), pero esto debe ir acompañado también de medidas que mejoren la calidad de vida de la gente, garanticen la participación ciudadana, exista una visión comunitaria con enfoque de derechos y sobre todo que se coloque en el centro de la política pública de seguridad a la persona humana", dijo Mejía a EFE.
La prolongación del estado de excepción parcial, aplicado en 226 de los 298 municipios del país, evidencia, a juicio de Mejía, la "incapacidad" del Gobierno para combatir el crimen bajo las herramientas del Estado de derecho.
La medida fue aprobada de manera "temporal" el 6 de diciembre de 2022 para frenar la violencia y delitos como la extorsión, un flagelo que en lo que va del siglo ha dejado centenares de muertos y miles de negocios afectados, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido reducir los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, sin estar en guerra.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, destacó la semana pasada una caída en la tasa de homicidios, que pasó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 al cierre de 2025.
Sánchez atribuyó este descenso al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción, herramienta con la que Castro le declaró la "guerra" a las maras y pandillas que dominan algunos barrios de Honduras con un modo de operar basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Sin embargo, Mejía considera que no existe evidencia técnica que vincule directamente la reducción de los homicidios con el régimen de excepción y denunció "más de 1.000 graves violaciones a derechos humanos" en el contexto de la restricción de garantías.
Además, exhortó al nuevo Gobierno conservador de Nasry 'Tito' Asfura, quien asumirá el poder este martes, a no prorrogar la medida y construir "una verdadera política de seguridad".
Estado de excepción "no funcionó"
Micros, pequeños y medianos empresarios que rechazan pagar el denominado 'impuesto de guerra', una modalidad de extorsión ejercida por las maras, formadas por jóvenes y adultos, se han visto forzados a cerrar operaciones o a desplazarse internamente dentro del país.
Bajo este régimen se han registrado más de 1.000 casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría por "torturas, coacción para obtener confesiones, implantación de medios probatorios aparentemente falsos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales", dijo a EFE el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Daniel Cáceres.
De acuerdo con Cáceres, la ejecución de esta medida "definitivamente no funcionó" y urgió a transitar de un modelo "militarizado a una seguridad ciudadana policial" con enfoque de género y derechos humanos ante "las graves violaciones" a derechos humanos y la violencia de género que afecta al país.
"La política de seguridad ciudadana debe tener una cantidad de indicadores que nos permita verificar si se está avanzando en temas de seguridad ciudadana y también de transitar de una seguridad ciudadana militarizada a una seguridad ciudadana policial", subrayó.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado su preocupación por la participación de militares en tareas de seguridad tras la adopción del régimen de excepción y han pedido a las autoridades adoptar una política integral de seguridad ciudadana.
