Por revistaeyn.com
Cuando a mediados de junio se encuentren con la Unión Europea representantes de los seis países centroamericanos firmantes del Acuerdo de Asociación (ADA), Panamá será una de las columnas principales de esas conversaciones.
Se trata de poner estructura a los dos nuevos pilares -diálogo político y cooperación- del acuerdo birregional que entró en vigor este mes.
Doce años lleva funcionando el pilar comercial del ADA que ha favorecido el comercio y la inversión entre Europa y Centroamérica, ha eliminado la mayoría de los aranceles de importación y mejorado el acceso a la contratación pública y a los mercados de inversión.
Después de las elecciones presidenciales en Panamá, Bruselas está muy satisfecha de seguir cooperando con ese país, con el que comparte valores como la democracia, los derechos humanos y la defensa del Estado de derecho.
También se elogian los esfuerzos hechos por Panamá para ser borrada de la "lista negra” de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
"De la lista negra, la UE sacó a Panamá por ajustes que ha estado haciendo en su legislación interna para perseguir flujos ilegales y lavado de activos vinculados al terrorismo, es verdad”, explica a DW Jorge Coronado, especialista de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LatinDADD).
"Por otro lado, la UE viene reduciendo su lista de paraísos fiscales siguiendo los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de ellos el intercambio automático de información. Panamá ha venido ajustándose, sí, tímidamente”, añade Coronado, coordinador del grupo de trabajo de Integración Regional.
Desde la óptica de la sociedad civil, Coronado resalta el último informe de la CEPAL: "En América Latina, anualmente se van US$360.000 millones a sociedades offshore. Por no ir más lejos, hay capitales costarricenses que se van a guardar en Panamá; no realizan ninguna actividad económica, pero se esconden ahí para que Costa Rica no los grave. Son recursos que les faltan a nuestros países y que los llevan a índices de pobreza del 50 % y el 60 %”, resalta Coronado.
El Panamá que firmó el ADA con la UE en 2012 -con uno de los mayores PIB per cápita de la región, que permitió reducir la pobreza (del 48 % en 1991 al 13 % en 2023, según el Banco Mundial)-, en 2024 se ve diferente: la pobreza ha llegado a un tercio de las zonas rurales del país.
Con la experiencia de una década del pilar comercial, Coronado -miembro del grupo asesor por Costa Rica- se reserva el derecho a la duda.
"El grupo asesor para los países de Centroamérica se compone de empresarios, sociedad civil y sindicatos. Pero los centroamericanos no han querido apoyar en nada esta instancia. En esa medida, la voz de los empresarios es la que se ha escuchado. Si eso no cambia para el diálogo político y la cooperación -que son los elementos que garantizan que el comercio se convierta en algo beneficioso para nuestras sociedades-, serán empresas birregionales intercambiando actividad económica entre ellas”, afirma.
Por otro lado, en cuanto a los valores compartidos y el Estado de derecho, el especialista del LatinDADD también tiene sus dudas:
"La Centroamérica de hoy es muy distinta a la de hace 20 años, cuando se empezó a hablar del acuerdo. Si bien no hay regímenes militares, la tendencia restrictiva a espacios democráticos va consolidándose. Esta elección en Panamá acrecienta esta tendencia. Aunque Costa Rica y Panamá son los principales receptores de inversión europea directa, los espacios de gobernanza democrática van restringiéndose y son un desafío para la UE en el marco del acuerdo”, concluye.
