Por: Revistaeyn.com - Agencias
México llega al último tramo de 2026 con una economía que conserva capacidad de resistencia, pero no consigue recuperar una velocidad de crecimiento acorde con su tamaño, su proximidad a Estados Unidos ni las expectativas creadas alrededor del nearshoring.
Cuatro noticias conocidas casi simultáneamente permiten armar la fotografía del momento: el Gobierno redujo sus previsiones de crecimiento, la deuda pública continuará aumentando, el empleo formal volvió a terreno positivo en agosto y la relación comercial con Estados Unidos entró en una fase decisiva por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
No son señales contradictorias. En conjunto describen una economía que sigue funcionando, genera puestos de trabajo y conserva su plataforma exportadora, pero lo hace con una inversión contenida, cuentas públicas más exigidas y una dependencia todavía mayor de las decisiones que se adopten en Washington.
Para los empresarios centroamericanos con operaciones, clientes o inversiones en México, la lectura central apunta: el mercado mexicano no está frente a una crisis macroeconómica inmediata, pero sí ante un periodo de crecimiento bajo y elevada incertidumbre externa en el que la ubicación geográfica, el sector y la vinculación con las cadenas norteamericanas marcarán diferencias.
El crecimiento pierde fuerza
El Paquete Económico 2027 confirmó que la desaceleración dejó de ser un riesgo para convertirse en el escenario oficial.
La Secretaría de Hacienda redujo su previsión de crecimiento del producto interno bruto para 2026 a un rango de entre 1 % y 2 %, frente al intervalo de 1,8 % a 2,8 % planteado en abril. Para 2027 proyecta una expansión de entre 1,5 % y 2,5 %, también inferior a su cálculo anterior.
La amplitud de esos rangos revela algo más que prudencia estadística: muestra la dificultad de anticipar cuánto podrá aportar el sector externo mientras se renegocian las condiciones comerciales con Estados Unidos y cuánto podrá compensar el mercado interno.
El Banco de México ya había descrito una trayectoria irregular. La economía se reactivó en el segundo trimestre después de contraerse en el primero, pero el banco central advirtió que persistirían condiciones de holgura durante el horizonte de pronóstico. Además, mantuvo la tasa de referencia en 6,5 %, después de dar por concluido el ciclo de recortes iniciado en 2024.
México, por tanto, no se encuentra paralizado, pero tampoco transita hacia una aceleración firme. El consumo, la inversión pública, las exportaciones y unas condiciones financieras menos restrictivas son los pilares en los que Hacienda confía para 2027. El problema es que cada uno enfrenta sus propios límites.
El consumo necesita empleos e ingresos crecientes; la inversión privada requiere certidumbre; el gasto público está condicionado por la consolidación fiscal, y las exportaciones dependen del resultado de la conversación con Estados Unidos.
Más deuda y una consolidación todavía gradual
El segundo foco está en las cuentas públicas. El Gobierno prevé reducir el déficit presupuestario desde 3,6 % del PIB en 2026 hasta 3,4 % en 2027. La medida más amplia del déficit, los Requerimientos Financieros del Sector Público, bajaría de 4,1 % a 3,9 %.
Sin embargo, la deuda pública continuará subiendo: el saldo histórico de esos requerimientos pasaría de 54 % del PIB en 2026 a 55 % en 2027.
Ese nivel no coloca por sí solo a México en una crisis de sostenibilidad. Sí indica que el país dispondrá de menos espacio fiscal para enfrentar una desaceleración más intensa, un encarecimiento del financiamiento o nuevas necesidades de capital para Petróleos Mexicanos (Pemex).
El presupuesto proyectado para 2027 asciende a 10,64 billones de pesos —unos US$625.700 millones—, un incremento nominal de 4,3 %. El Gobierno busca sostener los programas sociales y aumentar recursos para educación, salud e infraestructura mientras reduce gradualmente el déficit.
La ecuación es exigente: gastar en prioridades sociales y productivas, elevar la recaudación sin crear nuevos impuestos y, al mismo tiempo, estabilizar la deuda.
Pemex vuelve a ocupar un lugar crítico. El Gobierno contempla transferirle 81.100 millones de pesos, aproximadamente US$4.771 millones, para amortizar obligaciones financieras y créditos bancarios. El apoyo muestra que, pese a los planes para fortalecer la empresa, la petrolera continúa ejerciendo presión sobre las finanzas federales.
Para los inversionistas, la cuestión no es únicamente cuánto representa hoy la deuda respecto al PIB. Importa también su trayectoria y cuánto del presupuesto futuro quedará comprometido por intereses, transferencias y necesidades de empresas estatales.
El empleo mejora, aunque avanza lentamente
El mercado laboral ofrece una señal más favorable, aunque debe leerse con matices.
México creó 38.319 puestos formales en agosto, una recuperación frente a la pérdida de 19.550 plazas registrada en julio. En los primeros ocho meses de 2026 se acumularon 281.397 nuevos empleos, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El país cerró agosto con 22,8 millones de puestos afiliados, la segunda cifra más elevada desde que existen registros. Además, el 87,1 % corresponde a empleos permanentes, cuyo número alcanzó un máximo histórico.
Es una señal relevante porque sugiere que la desaceleración no se ha traducido en un deterioro generalizado del empleo formal. Sin embargo, su crecimiento interanual, de 1,5 %, resulta moderado para una economía con una población laboral en expansión.
La composición sectorial también muestra una recuperación desigual. El empleo aumentó 6,6 % anual en transportes y comunicaciones, 4,7 % en la industria extractiva y 3,7 % en servicios sociales y comunales. En cambio, cayó 5,8 % en el sector agropecuario y prácticamente no creció en la industria de transformación.
Este último dato merece atención. Si México aspira a convertir la relocalización de cadenas productivas en un motor sostenido de expansión, el estancamiento laboral de la manufactura indica que esa promesa todavía no se traduce de manera homogénea en nuevas contrataciones.
También disminuyeron los registros patronales: el IMSS contabilizó 1,01 millones al cierre de agosto, 2,7 % menos que un año antes. El instituto aclara que el dato no equivale necesariamente a cierres de empresas, pero constituye una señal que conviene observar porque puede reflejar presión sobre los empleadores de menor tamaño.
El T-MEC concentra el principal riesgo
La variable capaz de inclinar el balance hacia una recuperación más sólida o una desaceleración prolongada está fuera del presupuesto: la relación con Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantienen conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en plena revisión del T-MEC y después de meses de fricciones por los aranceles aplicados al acero, aluminio y sector automotor.
México también negocia sobre barreras no arancelarias señaladas por Washington, entre ellas temas de propiedad intelectual, medicamentos y piratería. Sheinbaum sostiene que la mayoría de los 54 puntos planteados por Estados Unidos ya fue resuelta, aunque todavía quedan asuntos pendientes.
La apuesta mexicana consiste en preservar el acuerdo trilateral, incluso en momentos en que Washington mantiene negociaciones separadas con México y Canadá. Esa defensa tiene lógica económica: más del 80 % de las exportaciones mexicanas se dirige al mercado estadounidense y buena parte de la inversión industrial depende del acceso preferencial a América del Norte.
La retórica de Donald Trump añade volatilidad, pero la profundidad de la integración productiva actúa como contrapeso. Automóviles, componentes electrónicos, dispositivos médicos, alimentos y maquinaria cruzan varias veces las fronteras durante su proceso de fabricación. Romper esas cadenas también elevaría costos para las empresas y los consumidores estadounidenses.
El riesgo para México no se limita a una eventual ruptura del tratado, un escenario extremo. Incluye la posibilidad de reglas de origen más estrictas, aranceles sectoriales, controles sobre insumos asiáticos y negociaciones prolongadas que lleven a las compañías a aplazar inversiones.
¿Qué deben mirar las empresas centroamericanas?
México continuará siendo un mercado demasiado grande e integrado como para quedar fuera de las estrategias regionales. Pero la coyuntura obliga a distinguir entre sectores.
Las actividades vinculadas con logística, transporte, infraestructura, servicios empresariales y cadenas exportadoras norteamericanas mantienen oportunidades. También pueden ganar espacio los proveedores regionales capaces de cumplir normas de origen y sustituir componentes procedentes de fuera de América del Norte.
En contraste, los negocios dependientes exclusivamente de una aceleración del consumo masivo o del gasto público enfrentarán un escenario más ajustado. La evolución del peso, las tasas de interés, las decisiones fiscales y el resultado de la revisión comercial serán determinantes para calcular retornos y costos.
Con información de EFE, el Banco de México y el IMSS.