Por revistaeyn.com
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó una nueva reforma constitucional para eliminar la figura del vicepresidente de Nicaragua y sustituirla por la de “designados presidenciales”, una modificación que redefine los mecanismos de nombramiento de funcionarios dentro de la estructura del poder ejecutivo.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó la reforma del artículo 126 de la Constitución Política, que establece que “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”. La modificación todavía deberá ser ratificada en una segunda legislatura antes de entrar en vigor.
El cambio se produce después de que Murillo, quien ocupó la Vicepresidencia, fuera elevada a la categoría de “copresidenta” mediante las reformas constitucionales de 2025, con las que el régimen formalizó una estructura de poder compartido entre ella y Ortega.
Aquellos cambios también abrieron la posibilidad de nombrar a varios vicepresidentes, aunque la pareja gobernante no utilizó esa facultad durante los siguientes 21 meses.
La eliminación del cargo supone la desaparición de una figura que ha formado parte de la historia política nicaragüense durante más de dos siglos. Un recuento publicado por la revista Magazine, de LA PRENSA, documentó que el país ha tenido 25 vicepresidentes, de los cuales siete llegaron posteriormente a la Presidencia.
La sucesión y el papel de Laureano Ortega
El exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), considera que la decisión podría estar vinculada con la salud de Ortega y con la intención de establecer mecanismos constitucionales para asignar responsabilidades específicas a su hijo, Laureano Ortega Murillo.
Laureano ha adquirido protagonismo como asesor de inversiones y representante del régimen ante aliados internacionales como Rusia, China e Irán. Además, ha recibido facultades para suscribir acuerdos en nombre de sus padres mediante disposiciones presidenciales.
Chamorro sostiene que el cambio de denominación también podría responder a una estrategia política para diferenciar la figura de un designado de la de un vicepresidente, aunque ambos puedan ejercer funciones similares.
La reforma ocurre mientras el oficialismo promueve otros cambios constitucionales que contemplan eliminar las elecciones competitivas y ampliar de seis a siete años los períodos de mandato. Para Chamorro, que esta modificación se tramite por separado constituye una señal de que existen motivos específicos detrás de la decisión.
Con información de La Prensa
